El expresidente Álvaro Uribe fue declarado culpable de soborno y fraude procesal. Una jueza ordenó sentencia entre 9 y 12 años de prisión, con posibilidad de prisión domiciliaria o detención preventiva.
La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, emitió este lunes un fallo condenatorio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Este histórico veredicto representa la primera condena penal contra un exmandatario en Colombia.La Fiscalía General de la Nación solicitó una pena de 108 meses (9 años) de prisión, además de una multa cercana a 1.625 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
Aunque el rango legal para estos delitos va de seis a doce años, la defensa espera que Uribe reciba nueve años de condena por considerar que deben aplicarse atenuantes. La jueza también considerará si la pena se cumple en prisión o bajo detención domiciliaria, dado el perfil del expresidente. Se espera que la sentencia definitiva sea leída públicamente este viernes 1 de agosto a las 2:00 p. m. en una audiencia que se transmitirá por videoconferencia, siguiendo los protocolos judiciales actuales.
El expresidente, de 73 años, podría beneficiarse de la prisión domiciliaria por no superar los ocho años de pena, según el Código Penal colombiano. Expertos advierten que su edad, su arraigo y conducta procesal podrían inclinar la decisión hacia esta modalidad. Uribe y su equipo legal ya anunciaron que apelarán el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá. La defensa ha aprovechado los plazos de cinco días posteriores al fallo para preparar los recursos correspondientes.
El fallo judicial ha dividido opiniones entre el oficialismo, sectores de víctimas y la opinión pública. Algunos partidarios ven en el caso una persecución política (lawfare), mientras otros consideran que se trata de un paso necesario para fortalecer la justicia y la democracia en Colombia. Este proceso, iniciado hace casi trece años, se centró en la manipulación de testimonios contra el senador Iván Cepeda. Según la Fiscalía, Uribe habría influido directamente en la alteración de dichos testigos para su beneficio.
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