Un hombre fue sentenciado por dos casos distintos de violencia intrafamiliar: uno en Ibagué, contra su hijo de 6 años, y otro en Bogotá, donde atacó a su pareja. Además de las condenas, perdió la patria potestad del menor y fue inhabilitado para ejercer funciones públicas.
Un juez de conocimiento en Ibagué condenó a un hombre a 45 meses de prisión por agredir físicamente a su hijo de apenas 6 años. El hecho ocurrió en octubre de 2021 en la vivienda del procesado, donde el menor sufrió lesiones en el rostro y la espalda, lo que obligó su atención médica inmediata y dejó una incapacidad de 12 días.
El fallo también impone la suspensión de la patria potestad del niño por el mismo tiempo de la pena y la inhabilidad para ocupar cargos públicos. El hombre aceptó su responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar agravada, lo que permitió una condena anticipada.
Sin embargo, este no fue un caso aislado. El mismo sujeto ya había sido sentenciado el 20 de mayo en Bogotá a 48 meses de prisión por otro caso de violencia intrafamiliar. En esa ocasión, la víctima fue su pareja sentimental, a quien atacó físicamente, mordiéndola e hiriéndola en el rostro.
Ambos fallos ya están en firme y demuestran un patrón reiterado de conducta violenta dentro del entorno familiar. En los dos casos, las víctimas requirieron atención médica urgente debido a la gravedad de las lesiones infligidas.
Las autoridades judiciales consideran que estas condenas representan un mensaje claro frente a la tolerancia cero con los actos de violencia dentro del hogar, especialmente cuando hay menores de edad afectados directa o indirectamente.
Por su parte, la Fiscalía destacó la importancia de estas decisiones judiciales como parte del esfuerzo institucional para proteger a las víctimas y garantizar la justicia ante hechos que vulneran derechos fundamentales.
Organismos de protección infantil también hicieron un llamado urgente para que los ciudadanos denuncien cualquier manifestación de violencia intrafamiliar, recordando que existen rutas activas para atender, orientar y salvaguardar a las personas afectadas.
Estos hechos reafirman la necesidad de fortalecer la prevención, el acompañamiento psicosocial y la aplicación efectiva de medidas legales para erradicar la violencia en los hogares colombianos.
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