La tensión en el sector transporte de Ibagué aumenta tras el anuncio de un paro programado para el próximo 31 de enero por parte de conductores y propietarios de buses. Según voceros, la manifestación es una respuesta a los reiterados incumplimientos de la alcaldesa Johana Aranda con el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP).
José Edison Pava, líder transportador del Tolima, afirmó que los transportadores han cumplido con su parte en la implementación del SETP, pero señalaron que la administración municipal no ha respetado los acuerdos previamente pactados. “La alcaldesa no ha revisado estos acuerdos. Se incumplen puntos clave como el pago de vehículos, modernización del parque automotor, la semaforización y el mantenimiento de la malla vial”, expresó Pava.
El gremio denuncia también el gasto de recursos del SETP en contratos que califican como dudosos y burocráticos, lo que, según ellos, ha dificultado una ejecución efectiva del sistema. “Esto no es más que un trámite burocrático que ha impedido ofrecer un servicio eficiente a la comunidad”, indicó el líder transportador.
Pava aclaró que el sistema está operativo, pero señaló fallas graves en su implementación, como el abandono de rutas y la falta de vehículos nuevos, lo que afecta tanto a conductores como a usuarios del servicio.
Contrario a las declaraciones oficiales, los transportadores niegan estar en contra del proyecto. Insisten en que apoyan la implementación, pero exigen que se haga de manera adecuada y en beneficio de la comunidad. “No nos oponemos al SETP; lo que rechazamos es una mala implementación, como la que se ha dado en los últimos años”, puntualizó.
El paro incluirá a distintos sectores del transporte, tanto colectivo como individual, y los organizadores esperan la participación activa de la ciudadanía. Según Pava, esta acción busca presionar a las autoridades para que cumplan los compromisos adquiridos y solucionen las problemáticas que aquejan al sector.
Los transportadores anticipan que se ofrecerán más detalles sobre la jornada de protesta durante la próxima semana. Mientras tanto, la administración municipal no se ha pronunciado al respecto, incrementando la incertidumbre sobre la resolución de este conflicto.