El Juzgado Cuarto Penal de Circuito con Funciones de Conocimiento en Ibagué ha confirmado el arresto domiciliario del alcalde Andrés Hurtado, la personera Francy Ardila y el secretario de Desarrollo Rural Daniel Guillermo Jaramillo.
Este caso está vinculado al no cumplimiento de la orden de construir un puente peatonal sobre la quebrada La Chumba, en la vía a San Bernardo. La sanción de 15 días de arresto domiciliario y una multa de $17.400.000 se impuso debido a que las acciones para abordar esta situación se llevaron a cabo de manera tardía, una vez que se conoció la sanción en julio de este año.
El juez encargado del caso resaltó que las gestiones realizadas por la Administración Municipal fueron tardías y solo se tomaron en consideración después de conocerse la sanción. El juez argumentó que la Alcaldía no atendió directamente el requerimiento y desatendió la orden del Máximo Tribunal Constitucional, lo que llevó a esta decisión de arresto domiciliario.
Este proceso legal fue iniciado por campesinos de la zona rural del municipio, quienes expresaron preocupación por la seguridad de sus hijos al tener que cruzar diariamente un puente peatonal artesanal que representaba un riesgo de derrumbe. Joaquín Torres, conocido como el ‘rey de las tutelas’, quien asesoró a los campesinos en este caso, afirmó que la decisión es definitiva y los implicados no tienen más opciones legales para revertirla.
El siguiente paso es que la juez noveno determine la fecha exacta en la que los implicados deben comenzar a cumplir con la orden de arresto domiciliario. Además, se espera que el alcalde Hurtado designe a un alcalde encargado para los 15 días de arresto. Esta situación ha generado un debate en torno a la responsabilidad y el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de las autoridades municipales.
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