La iniciativa beneficiará a más de 11 mil concejales de municipios de quinta y sexta categoría con un aumento en sus honorarios y acceso a seguridad social.
En un hecho histórico para los concejales de los municipios más pequeños del país, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de ley que incrementa los honorarios de estos funcionarios y amplía el número de sesiones ordinarias y extraordinarias.
El articulado establece que los concejales de municipios de quinta y sexta categoría recibirán una remuneración equivalente a la de los concejales de cuarta categoría. Para este 2025, el valor de cada sesión será de 296.314 pesos, un ajuste que busca dignificar su labor y brindarles mayor estabilidad económica.
Además del incremento en los honorarios, el proyecto garantiza la afiliación de estos funcionarios a la seguridad social, cubriendo salud y pensión. Esto representa un avance en las condiciones laborales de los concejales de alrededor de 965 municipios, que conforman la mayoría de los 1.103 municipios del país.
Otro de los puntos clave de la iniciativa es el aumento en el número de sesiones. Los concejos municipales de tercera a sexta categoría pasarán de 70 a 80 sesiones ordinarias y de 20 a 40 sesiones extraordinarias, fortaleciendo su labor en la toma de decisiones locales.
El representante liberal Óscar Sánchez, ponente del proyecto, resaltó la importancia de esta aprobación. “Hoy un concejal de sexta categoría no alcanza a ganar un salario mínimo mensual. Con todas las sesiones del año, su ingreso es de aproximadamente 1 millón 50 mil pesos, pero después de los descuentos en salud y pensión, le quedan apenas 850 mil pesos”, explicó.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, celebró la decisión y afirmó que fue uno de los proyectos prioritarios en su gestión. “Este fue el primer proyecto de ley que agendé cuando fui elegido presidente de la Cámara. Hoy damos una buena noticia a nuestros concejales y concejalas, quienes desde lo local están transformando el país y fortaleciendo nuestra democracia”, señaló.
Con la aprobación en la Cámara de Representantes, el siguiente paso será la conciliación de los textos con el Senado antes de su paso a sanción presidencial. Ahora, el reto recaerá en el Gobierno Nacional, que deberá garantizar la viabilidad fiscal de esta ley para su implementación.
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