El aplazamiento de la ley que crearía jueces y magistrados especializados en conflictos de tierras generó críticas desde el Gobierno Nacional, que advierte que sin justicia agraria no habrá paz ni soluciones reales para el campo colombiano.
El Congreso de la República volvió a aplazar la discusión del proyecto de ley que busca crear una jurisdicción agraria en Colombia, una herramienta esencial para resolver los conflictos de tierras que afectan a millones de campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas en todo el país.
La sesión plenaria, prevista para el pasado 28 de octubre, fue suspendida sin justificación clara, lo que el Gobierno calificó como una nueva muestra de desinterés frente a una reforma que lleva casi un año esperando su aprobación definitiva, pese a haber superado el trámite en las comisiones conjuntas.
El Ministerio de Agricultura manifestó su preocupación por la falta de avance legislativo y recordó que la ausencia de jueces especializados agrava los conflictos por propiedad y uso de la tierra, además de obstaculizar la recuperación de baldíos indebidamente ocupados y la protección de territorios ancestrales.
“Sin una justicia agraria que garantice derechos, los campesinos siguen condenados a la incertidumbre. La paz total solo será posible si el Estado llega con instituciones que resuelvan las disputas rurales con equidad y prontitud”, señaló la cartera en un comunicado.
De acuerdo con el Gobierno, la creación de esta jurisdicción permitiría descongestionar el sistema judicial y dar soluciones más rápidas a procesos agrarios que hoy pueden tardar años en resolverse, generando tensiones sociales y económicas en las regiones rurales.
El proyecto busca además fortalecer la seguridad jurídica en el campo, un componente clave del Acuerdo de Paz de 2016 y de la reforma agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en que la transformación del territorio rural depende de garantizar el acceso justo y legal a la tierra.
Sectores sociales y organizaciones campesinas han expresado su inconformidad ante el nuevo aplazamiento. Para ellos, la dilación del Congreso representa una negación del derecho a la justicia y una falta de compromiso con las poblaciones rurales históricamente excluidas.
“El Congreso no puede seguir dándole la espalda al campesinado”, reclamaron desde la Cumbre Agraria, que pidió retomar el debate con urgencia. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo en el campo colombiano, donde miles de familias aún esperan una justicia que les reconozca como sujetos de derecho y de paz.
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