La senadora del Pacto Histórico enfrenta un proceso judicial que cuestiona su permanencia en el Congreso. El alto tribunal analizará si incurrió en tráfico de influencias al facilitar el traslado de jefes criminales a un evento con el presidente Gustavo Petro.
El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, por presunto tráfico de influencias. El proceso podría derivar en la “muerte política” de la congresista si el alto tribunal encuentra méritos para sancionarla.
La demanda fue presentada tras conocerse su supuesta intervención para trasladar a varios jefes de estructuras criminales de Medellín a un acto público que contó con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro. El hecho generó controversia por la participación de estos actores armados en escenarios institucionales.
Zuleta, quien ha sido una de las figuras más visibles del sector petrista en el Congreso, es señalada de haber facilitado ese acercamiento sin contar con los filtros legales ni la autorización judicial correspondiente. Sus críticos aseguran que esto vulneró los principios éticos del cargo que ostenta como legisladora.
El Consejo de Estado estudiará si la congresista incurrió en conductas incompatibles con su investidura, en especial si hubo aprovechamiento indebido de su posición para beneficiar a particulares. El caso también ha abierto un debate sobre los límites entre la política de paz total y la legitimidad institucional.
Hasta el momento, la senadora no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión del tribunal, pero desde sectores del Pacto Histórico se ha defendido la actuación de Zuleta como parte de un enfoque de diálogo con actores armados en búsqueda de salidas negociadas al conflicto urbano.
La “muerte política” es una figura legal que implica la pérdida definitiva del cargo de elección popular y la inhabilidad para ocupar cargos públicos, en caso de ser encontrada responsable. El proceso puede tardar varios meses, dependiendo de las pruebas que sean admitidas y valoradas.
El expediente contra Zuleta se convierte en un nuevo revés para el oficialismo, que ya enfrenta investigaciones y cuestionamientos contra otras figuras clave. El Pacto Histórico ha reiterado su compromiso con la legalidad, pero también ha pedido garantías para la acción política de sus miembros. El fallo del Consejo de Estado será determinante para el futuro político de la senadora, quien ha centrado su agenda legislativa en temas de paz, territorio y derechos humanos.
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