El presidente Petro propone una consulta popular tras el hundimiento de sus reformas en el Congreso. El mecanismo, sin embargo, enfrenta retos legales y políticos.
El presidente Gustavo Petro anunció la convocatoria de una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre las reformas laboral y de salud. La decisión se produjo luego de que ocho de los catorce senadores de la Comisión Séptima del Congreso pidieran el archivo de las iniciativas, lo que prácticamente las hundió en su trámite legislativo.
Petro justificó la consulta argumentando que el Congreso bloqueó las reformas, por lo que debe ser el pueblo quien tome una decisión. Sin embargo, el mecanismo enfrenta varias limitaciones legales, como la imposibilidad de preguntar sobre el articulado de las leyes, ya que esto convertiría la consulta en un referendo, que tiene requisitos distintos.
Según la Corte Constitucional, la consulta popular solo puede servir para conocer la opinión de la ciudadanía, pero no para que esta adopte directamente decisiones legislativas. Así lo explican expertos como el abogado constitucionalista Fabio Pulido, quien advierte que las preguntas deben ser generales y no incluir temas inconstitucionales ni asuntos presupuestales específicos.
El Senado tendrá la última palabra sobre la consulta, pues debe aprobar su convocatoria por mayoría absoluta. Esto significa que el gobierno necesitaría al menos 55 votos de los 108 senadores, una meta difícil de alcanzar dado que la coalición oficialista no cuenta con esa cantidad de apoyos.
Si la consulta es aprobada, se necesitaría la participación de al menos 13,6 millones de ciudadanos para que sea válida. Además, cada pregunta deberá recibir más de 6,8 millones de votos afirmativos para ser aprobada. Históricamente, este umbral ha sido difícil de superar, como ocurrió con la Consulta Anticorrupción de 2018, que aunque obtuvo más de 11,6 millones de votos, no alcanzó el mínimo requerido.
Otro de los aspectos que genera debate es el costo del proceso. De acuerdo con estimaciones del exregistrador Alfonso Portela, una consulta de esta magnitud podría costar entre 400.000 y 500.000 millones de pesos, debido a la logística similar a la de una elección nacional.
Por otro lado, la consulta no puede coincidir con elecciones ordinarias, aunque legalmente podría realizarse el mismo día de las consultas internas de los partidos políticos, lo que podría aumentar la participación. No obstante, la posibilidad de que la oposición haga campaña por la abstención pone en duda el éxito de la iniciativa.
A pesar de las dificultades legales, políticas y logísticas, la propuesta de Petro se perfila como una estrategia para movilizar su base electoral y medir el respaldo ciudadano a su gestión. Sin embargo, el proceso enfrenta múltiples desafíos que podrían dificultar su realización y efectividad.
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