La Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario contra la contralora municipal de Ibagué, Edna Margarita Murcia Mejía, y la asesora jurídica Luz Helena Scarpetta Plazas, tras un hallazgo que evidenciaría omisiones en la rendición de informes de comisiones de servicio.
La Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de la contralora municipal de Ibagué, Edna Margarita Murcia Mejía, y de la asesora jurídica de la entidad, Luz Helena Scarpetta Plazas. El proceso se desprende de un hallazgo de la Auditoría General de la República que señalaría posibles omisiones en la entrega de informes sobre comisiones de servicio.
De acuerdo con el ente de control, las resoluciones que autorizaron viáticos y gastos de viaje para la contralora y otros funcionarios de la Contraloría Municipal de Ibagué no contemplaban como requisito la presentación de informes ejecutivos que detallaran las actividades desarrolladas durante las misiones. Esta irregularidad encendió las alarmas frente a un posible incumplimiento de los deberes administrativos.
La investigación busca determinar si hubo negligencia o vulneración de las normas que regulan el uso de recursos públicos en el marco de las comisiones de servicio. El incumplimiento de estos informes no solo comprometería la transparencia en la gestión, sino que también pondría en entredicho la correcta justificación de los gastos aprobados.
La Procuraduría ordenó la recolección de pruebas documentales y testimoniales con el fin de esclarecer las actuaciones de las funcionarias y garantizar el debido proceso. Así mismo, dispuso la suspensión de cualquier investigación interna que se adelantara por los mismos hechos dentro de la Contraloría de Ibagué.
El caso cobra especial relevancia en un contexto donde la ciudadanía exige mayor control y responsabilidad sobre el manejo de los recursos públicos. Los hallazgos de la Auditoría General de la República refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en las entidades de control fiscal.
La contralora Edna Margarita Murcia, quien asumió el cargo con el compromiso de liderar una gestión transparente, ahora enfrenta un panorama complejo que podría afectar su permanencia al frente de la entidad. La investigación también pone bajo la lupa el rol de la asesora jurídica en la expedición de las resoluciones que omitieron estos requisitos.
De comprobarse las irregularidades, las funcionarias podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde la suspensión temporal en el cargo hasta la destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas. Todo dependerá del resultado que arroje la investigación en curso.
Por ahora, la Procuraduría no ha revelado un plazo definido para la conclusión del proceso, pero reiteró que la investigación busca salvaguardar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. La ciudadanía y los órganos de control estarán atentos a la evolución de este caso que ya genera cuestionamientos en el ámbito político y administrativo de Ibagué.
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