El proyecto para instalar 1.150 paraderos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Ibagué se encuentra en un preocupante estancamiento, a pesar de que el contrato fue adjudicado en el 2024. Originalmente era $9.118 millones de pesos pero terminaron dejándolo $8.200 millones sin ejecución, la Contraloría Municipal ya había advertido un incumplimiento físico del 90%, mientras persisten las dudas sobre la idoneidad del contratista, quien ha sido favorecido con múltiples modificaciones contractuales y cuyo historial de retrasos genera serias preocupaciones entre la ciudadanía.
El ambicioso proyecto para instalar 1.150 paraderos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Ibagué se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la ciudad. A más de seis meses de su adjudicación en enero de 2025, por un valor que supera los $8.200 millones, las obras brillan por su ausencia, dejando a los ciudadanos y a los órganos de control en un estado de creciente preocupación.
La Contraloría Municipal de Ibagué ha encendido las alarmas, revelando un alarmante incumplimiento del 90% en la ejecución del contrato. De los 20 ítems previstos para la implementación del SETP, 12 presentan retrasos significativos, lo que se traduce en un 60% del cronograma incumplido. Esta cifra contrasta drásticamente con el 10% de avance físico real que el proyecto reporta, lo que sugiere una gestión deficiente y una preocupante falta de planificación.
La historia contractual detrás de este proyecto es un enredo de cifras y fechas. Inicialmente, se hablaba de un contrato por $9.118 millones firmado en 2024 con vigencia hasta julio de 2025 y aparece que en 23 días se cumplela fecha de entregao terminacióndel contrato. Sin embargo, este fue modificado y reducido. Una segunda versión del contrato estableció una nueva vigencia entre el 9 de abril y el 5 de septiembre de 2025, por un valor ajustado de $8.200 millones y una duración de 210 días. Pese a estas múltiples versiones y ajustes, el resultado en tierra sigue siendo el mismo: nada.
El SETP ha intentado justificar el retraso, en un derecho de petición que radicó EL cronista.co, argumentó que el proyecto aún se encuentra en fase de revisión de diseños, gestión de permisos, planes de manejo ambiental y socialización con la comunidad. La entidad sostiene que estas etapas son cruciales para “mitigar riesgos durante la ejecución”. No obstante, esta explicación ha sido ampliamente criticada.
Tanto la ciudadanía como los órganos de control señalan que estas actividades, lejos de ser excusas para el retraso, debieron haberse realizado en la etapa precontractual, es decir, antes de que el contrato fuera adjudicado. Esta evidente falta de planeación previa es vista como una de las causas principales de los reiterados fracasos en obras públicas que caracterizaron a la pasada administración municipal.
El contratista a cargo de esta millonaria obra es el ingeniero Juan Carlos Ramírez Ospina, al frente del Consorcio Paraderos 25. La elección de Ramírez Ospina ha generado particular controversia, pues se ha beneficiado recurrentemente de contratos durante el gobierno del exalcalde Andrés Hurtado, levantando sospechas de posibles favoritismos en el proceso de adjudicación.
La situación del contratista es aún más delicada. Apenas un mes después de recibir la adjudicación, en febrero de este año, se conoció que Ramírez Ospina inició trámites para acogerse a la ley de insolvencia. Esta situación, sumada a las dudas sobre el proceso de selección —donde existían hasta cuatro propuestas con mejores condiciones económicas y técnicas que fueron desestimadas—, aumenta la preocupación sobre la viabilidad y transparencia del proyecto.
Para colmo de males, Ramírez Ospina no solo incumple con el contrato actual de los paraderos, sino que también está buscando activamente otro contrato, por un valor de $35.000 millones, con el IBAL. Su historial de incumplimientos y retrasos es notorio, incluyendo la tardanza en la entrega del primer tramo de la calle 103, una obra que prometió en cinco meses y que finalmente tomó el doble de tiempo.
Frente a este desalentador panorama, la ciudadanía de Ibagué exige respuestas claras y acciones contundentes. Es imperativo que la administración local asuma su responsabilidad, que la Contraloría Municipal intensifique su control y que se garantice que los recursos públicos se ejecuten con total transparencia. El Sistema Estratégico de Transporte Público sigue siendo una promesa incumplida, y los ibaguereños merecen mejoras reales en su movilidad urbana.
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