La licitación pública, que tiene como único oferente a la Corporación Unidad de Investigación de la Defensa (UID), ha generado preocupaciones debido a su rapidez y a la falta de aval de la Policía Nacional.
La UID, una empresa con sede en Bogotá, ha levantado suspicacias por ser el único interesado que cumplió con los requisitos del Gobierno local. Aunque se presenta como especializada en ciencias forenses e investigación criminal, la idoneidad de la entidad para implementar una plataforma tecnológica de seguridad en Ibagué es cuestionada.
El contrato en cuestión tiene como objetivo establecer una plataforma de “correlación e investigación para el mejoramiento de la seguridad comunitaria y la red de apoyo”. La Secretaría de Gobierno argumenta que esta herramienta facilitará la gestión de la información de todas las autoridades municipales relacionadas con la seguridad y convivencia ciudadana.
Sin embargo, la falta de aval de la Dirección de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional ha generado incertidumbre sobre la viabilidad y transparencia del proyecto. El documento correspondiente no se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II), lo que aumenta las dudas sobre la transparencia del proceso.
El secretario de Gobierno, Milton Restrepo, busca que el contrato sea adjudicado el 20 de diciembre, tan solo 10 días antes de que concluya el mandato de la actual administración. Esta prisa ha generado críticas, ya que algunos sectores consideran que la gestión de este contrato debería quedar en manos de la próxima administración, liderada por la alcaldesa electa Johana Aranda.
Este episodio suscita preocupaciones entre la ciudadanía sobre la pertinencia y urgencia de un contrato millonario en los últimos días del gobierno saliente, en medio de la transición a una nueva administración que ya está en marcha. La sociedad espera una mayor claridad y transparencia en torno a este proceso contractual que afecta directamente la seguridad y convivencia en Ibagué.