El Concejo Municipal de Ibagué exige la liquidación del contrato de parqueaderos en el Parque Deportivo y la Unidad Deportiva, mientras la Personería investiga posibles irregularidades legales en la concesión. Se avizora una posible sanción al IMDRI por incumplimiento de normativas.
El contrato de concesión de parqueaderos en los principales escenarios deportivos de Ibagué sigue generando fuertes críticas y un creciente malestar en la comunidad. Tras la implementación de un cobro por el uso de estos espacios, padres de familia, deportistas y concejales se han mostrado en desacuerdo, exigiendo su anulación. En reuniones recientes con la alcaldesa Johana Aranda, los concejales solicitaron la liquidación del acuerdo, argumentando que afecta gravemente a las familias que dependen del acceso a estos espacios para el desarrollo deportivo de sus hijos.
El concejal Víctor Ortíz, en su intervención durante el debate, subrayó el compromiso del Concejo con el deporte en la ciudad, destacando la necesidad de proteger a los deportistas y sus familias. “Nos duele el deporte, y por eso pedimos la anulación del contrato”, afirmó Ortíz. Junto a su colega, la concejal Silvia Ortiz, insistieron en que la alcaldesa Johana Aranda mostró disposición para revisar el contrato, buscando una solución que no ponga en riesgo la participación en las actividades deportivas.
El contrato de concesión fue adjudicado al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), sin que la comunidad tuviera plena información sobre los detalles y condiciones. La medida de cobro en los parqueaderos ha levantado una fuerte ola de rechazo, ya que los ciudadanos consideran que se está afectando la accesibilidad a los espacios deportivos públicos. Los concejales indicaron que la medida podría desincentivar la participación de muchas personas, especialmente aquellas con recursos limitados.
Además de la presión política y ciudadana, la Personería de Ibagué también ha comenzado a investigar el contrato, ya que según el personero delegado de vigilancia administrativa, Jair Robayo, existe un posible incumplimiento en los procedimientos legales que rigen las concesiones. “El problema radica en la Ley 136 de 1994, que establece que el Concejo tiene la atribución de autorizar o no las concesiones que haga la administración”, explicó Robayo. De confirmarse que la concesión se realizó sin el debido proceso de autorización, la Personería podría imponer sanciones al IMDRI.
Este análisis legal de la Personería se suma a las preocupaciones de la comunidad, que ha señalado que el contrato fue firmado sin un adecuado control o transparencia por parte de las autoridades competentes. La concesión fue suscrita hace dos meses, lo que complica aún más el proceso de revisión y posible anulación del acuerdo.
El personero de Ibagué, Eduardo Espinosa, también se involucró activamente en el proceso. Según indicaron fuentes oficiales, el Personero dialogó directamente con los padres de familia en el punto del plantón, recolectando información y material probatorio que podría ser clave para la evaluación del proceso y las posibles irregularidades.
Mientras tanto, la comunidad sigue protestando en las afueras de los escenarios deportivos, exigiendo una respuesta clara y definitiva sobre el contrato. La situación continúa siendo un tema candente en la ciudad, donde los ciudadanos piden una solución que respete los derechos de los usuarios de los espacios públicos deportivos.
El futuro del contrato de parqueaderos sigue siendo incierto, con la Personería de Ibagué y el Concejo Municipal a la espera de nuevas resoluciones. Si se confirma el incumplimiento en los procedimientos, el IMDRI podría enfrentar sanciones que comprometan la validez del acuerdo y sus implicaciones para los deportistas de la ciudad.
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