El alto tribunal revocó una sentencia de la Corte Suprema y avaló la actuación de la Superintendencia de Salud sobre Sanitas. Las EPS intervenidas suman millones de afiliados y enfrentan investigaciones por millonarios gastos injustificados.
La Corte Constitucional falló a favor de la Superintendencia Nacional de Salud, amparando sus decisiones frente a la EPS Sanitas y revocando una sentencia previa de la Corte Suprema de Justicia que calificaba de improcedente una tutela interpuesta por Keralty. El fallo respalda la prórroga de intervención a Sanitas, que según informes, registró gastos operativos injustificados por más de 104 mil millones de pesos.
Luis Carlos Leal, entonces superintendente de Salud, reveló que estos recursos estaban destinados supuestamente a mejoras en infraestructura hospitalaria y contratos de arrendamiento. Sin embargo, tras auditorías iniciales, se evidenció una grave inconsistencia en su justificación y ejecución. El 2 de abril de 2025 se prorrogó oficialmente la intervención debido a que las irregularidades persistían.
Cabe recordar que Sanitas cuenta con una población afiliada de 5,7 millones de personas en todo el territorio nacional. La decisión judicial representa un fuerte respaldo institucional a las acciones del Estado para garantizar la transparencia en el uso de los recursos del sistema de salud. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación también abrió una investigación a raíz de la intervención, tras una denuncia de Keralty que señalaba un posible prevaricato por parte de la Superintendencia.
Sanitas no es la única EPS bajo intervención. A la fecha, también enfrentan medidas similares entidades como Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS EPS, Emssanar y Coosalud. En conjunto, estas organizaciones presentan pérdidas que alcanzan los 9,6 billones de pesos, según datos oficiales del Gobierno Nacional.
Con la llegada de Giovanny Rubiano García a la Superintendencia, en noviembre de 2024, se intensificaron los controles. Se ordenó una auditoría forense a cada una de las EPS intervenidas, con el fin de determinar responsabilidades financieras y establecer planes de recuperación efectivos para las entidades y sus afiliados.
Entre las acciones implementadas también se encuentran la exigencia de fortalecer la atención en el primer nivel y descentralizar los procesos de contratación con IPS. Esta estrategia busca mejorar el acceso a los servicios médicos, clínicos y de cuidados intensivos, evitando la concentración de recursos en pocos prestadores y reduciendo el margen de corrupción.
De igual forma, la Superintendencia ha sido enfática en que todos los pagos a las IPS deberán ser transparentes, trazables y justificados, lo que podría implicar sanciones a directivos o contratistas en caso de comprobarse mal manejo de los recursos del sistema de salud.
Las decisiones han sido respaldadas por el Gobierno Nacional y, con el nuevo fallo de la Corte Constitucional, se ratifica la legalidad y pertinencia de las acciones de control estatal frente a uno de los sectores más sensibles del país: la salud pública.
La continuidad de estas medidas será crucial para el futuro del sistema de salud colombiano, especialmente en un año donde se anticipan decisiones de fondo sobre la posible liquidación de algunas EPS y la reconfiguración de la atención en salud para millones de ciudadanos.
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