Con una votación de cinco contra cuatro, la Corte Constitucional falló a favor del presidente Gustavo Petro, ordenando al Consejo Nacional Electoral remitir el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara. La decisión se sustenta en el fuero presidencial y marca un precedente en el control político-electoral.
La Corte Constitucional falló este miércoles 26 de junio a favor del presidente Gustavo Petro en la tutela que interpuso contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), que lo venía investigando por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. Con una votación dividida de cinco contra cuatro, el alto tribunal resolvió que el CNE no tiene competencia para investigar al jefe de Estado, y ordenó trasladar el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Desde agosto de 2024, el CNE adelantaba una investigación contra Petro tras la decisión del Consejo de Estado que había autorizado este procedimiento, considerando que se trataba de un asunto administrativo y no penal. Sin embargo, la Corte Constitucional reinterpretó esa postura al argumentar que, por su fuero, el presidente solo puede ser investigado por la instancia constitucionalmente establecida.
El fallo de la Corte se apoya en el principio del fuero presidencial, que establece que el mandatario no puede ser investigado por ninguna autoridad ordinaria o administrativa, sino únicamente por la Comisión de Acusación, como lo dicta el artículo 178 de la Constitución. Esto anula el proceso abierto por el CNE, aunque deja intacta la capacidad de esa entidad para investigar al resto de los actores de la campaña.
El magistrado ponente del caso, Vladimir Fernández, antiguo secretario jurídico de la Presidencia, fue duramente cuestionado por su cercanía con Petro. A pesar de los señalamientos, su ponencia fue la que se impuso en Sala Plena. Según esta, aunque el CNE puede investigar campañas, partidos y movimientos, no tiene atribuciones sobre el presidente de la República.
En el fallo se dejó en claro que la transparencia electoral debe mantenerse y que la fiscalización de los recursos de campaña continúa vigente para los demás actores involucrados. Lo que cambia es que el jefe de Estado queda blindado por su condición de aforado, una figura legal que ha sido centro de debate en el país durante décadas.
Esta decisión ha generado una oleada de reacciones. Mientras simpatizantes de Petro celebran lo que consideran una victoria institucional, sectores de la oposición denuncian un posible debilitamiento del control electoral. Organizaciones civiles también han manifestado preocupación por lo que interpretan como un obstáculo para la vigilancia de los recursos públicos en la política.
Desde el Congreso, ya se han anunciado solicitudes de revisión del fallo, e incluso algunos sectores plantean la necesidad de reformar la figura del fuero presidencial. La Comisión de Acusación, tradicionalmente cuestionada por su inoperancia, tendrá ahora la responsabilidad de decidir si archiva o avanza en el caso Petro.
El presidente aún no se ha pronunciado públicamente sobre el fallo, pero fuentes cercanas al Palacio de Nariño aseguran que su equipo jurídico considera la decisión como una reafirmación del Estado de Derecho. La Presidencia continuará con sus funciones sin impedimentos legales derivados de este caso.
El fallo marca un hito jurídico en el país y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de las entidades electorales frente al poder presidencial. Ahora, la atención se traslada a la Comisión de Acusación, que tiene la tarea de definir el rumbo del expediente que hasta hoy estaba en manos del CNE.
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