Tras quince meses de intervención, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno devolver el control de la EPS Sanitas a sus accionistas. Keralty, grupo al que pertenece la entidad, denunció arbitrariedades y daños irreparables en un fuerte comunicado.
El Grupo Keralty se pronunció oficialmente luego de que la Corte Constitucional revocara la resolución mediante la cual se ordenó la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. En un comunicado difundido este jueves, la compañía aseguró que, aunque el fallo representa una victoria legal, también es “un día de duelo” debido al daño causado durante los quince meses de intervención.
La sentencia del alto tribunal ordena al Gobierno restituir la administración de la EPS Sanitas a sus accionistas y órganos de gobierno, al declarar como “arbitraria e ilegal” la medida impuesta desde abril de 2024 por el entonces superintendente de Salud. Según el documento, el fallo es un hito en la defensa de la legalidad frente a lo que el grupo califica como una “acción maliciosa, deliberada y anunciada” desde instancias estatales.
En el comunicado, Keralty aseguró que durante este tiempo sufrió persecuciones, arbitrariedades y silencios institucionales. Afirmaron que la intervención dejó secuelas morales, financieras y humanas, no solo a la compañía, sino también a usuarios, empleados, médicos y trabajadores del sistema de salud que confiaban en el servicio de Sanitas.
“El daño ya está hecho”, resalta el texto, subrayando que la empresa fue víctima de una estrategia sistemática para debilitarla. Keralty acusó directamente al Gobierno del presidente Gustavo Petro de haber planificado y ejecutado la intervención como una forma de presión política e ideológica contra un modelo que, según ellos, ha sido exitoso y sostenible.
Además, el comunicado recuerda que varios funcionarios de alto nivel, incluyendo ministros, repitieron en público la intención de desaparecer a Sanitas. Esta afirmación es presentada como una evidencia del carácter deliberado y no técnico de la medida, que afectó a más de 5,7 millones de afiliados en todo el país.
Pese al fallo favorable, Keralty sostiene que no existe aún una solución real al problema estructural del sistema de salud en Colombia, especialmente en lo relacionado con la sostenibilidad financiera de las EPS. Reiteran su preocupación por los recursos no girados y por la falta de garantías para operar de forma justa y técnica.
Finalmente, la compañía hizo un llamado a reconstruir la confianza en las instituciones, señalando que seguirán defendiendo sus derechos y prestando atención médica a sus afiliados, pero con la firme expectativa de que nunca más se repita una situación similar. La decisión de la Corte Constitucional marca un precedente importante en la autonomía institucional de las EPS y en la necesidad de cumplir los procedimientos legales.
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