La Corte Constitucional suspendió la entrada en vigor de la reforma pensional y ordenó repetir su último debate en la Cámara de Representantes. Aunque esto evita su caída, abre un nuevo limbo jurídico y legislativo. El Gobierno gana tiempo para corregir retrasos en la reglamentación y preparación institucional.
La Corte Constitucional le tendió una tabla de salvación al Gobierno Nacional al suspender la entrada en vigencia de la reforma pensional y devolver el proyecto a la Cámara de Representantes para repetir su último debate. La decisión no solo evitó que se hundiera uno de los principales logros legislativos del presidente Gustavo Petro, sino que otorgó un plazo adicional clave, pues a pocos días de su implementación, la reglamentación del nuevo sistema seguía inconclusa.
El alistamiento de la reforma se encontraba en pañales. Decretos clave como el del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo o el reglamentario del sistema apenas se habían expedido con semanas de retraso, y otros aún no estaban listos. Las dudas sobre la capacidad de Colpensiones para asumir el triple de afiliados que actualmente gestiona también encendieron las alarmas entre expertos y entidades del sector financiero.
Aunque el fallo le da tiempo al Gobierno, también abre un nuevo escenario de incertidumbre. Si la Cámara introduce cambios al texto del Senado, se necesitará un proceso de conciliación, y todo lo ya reglamentado deberá reescribirse. Incluso si se aprueba rápidamente, la Corte advirtió que la reforma no podrá entrar en vigencia hasta que se determine su constitucionalidad.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, celebró la decisión y señaló que “evita improvisaciones y permite corregir errores regulatorios”. No obstante, también advirtió que la demora implica rehacer decretos, ajustar procesos y destinar más recursos para alistamiento técnico. Por su parte, la Unidad de Proyección Normativa afirmó que seguirá elaborando los proyectos normativos aún pendientes.
Uno de los puntos más críticos es la promesa del pilar solidario: la transferencia de 230 mil pesos mensuales a 3 millones de adultos mayores sin pensión. A menos de un mes de su supuesta implementación, el programa no tenía recursos asignados suficientes ni decreto definitivo. El presidente Petro ordenó liberar 1,2 billones del presupuesto congelado, pero el monto completo aún está en duda.
La situación también revela los vacíos en infraestructura y tecnología en Colpensiones. Según su propio informe, la entidad tiene 15 procesos altamente impactados por la reforma y solo ha cumplido el 32% del plan de modernización digital. Además, 113 acciones de mejora fueron identificadas, muchas de ellas críticas para recibir los nuevos afiliados.
El panorama se agrava por el retraso en la implementación operativa. Solo dos artículos de la ley quedaron vigentes, mientras que beneficios clave como la reducción de semanas por hijos, las pensiones anticipadas o los ajustes para comunidades indígenas y campesinas están suspendidos hasta nuevo aviso. Esto genera desinformación y expectativas frustradas en la ciudadanía.
El Gobierno insiste en que la reforma sigue en curso, pero lo cierto es que está en suspenso. La Cámara tiene 30 días para subsanar el vicio del trámite, aunque el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, advirtió que no se actuará a las carreras. A pesar del nuevo margen de tiempo, expertos coinciden en que, sin claridad jurídica y presupuesto sólido, el nuevo sistema pensional corre el riesgo de no despegar nunca.
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