El alto tribunal determinó que el estudio de constitucionalidad sobre la emergencia económica del presidente Petro iniciará tras el receso judicial, dejando vigentes las medidas tributarias del Gobierno de forma temporal hasta que se produzca un fallo definitivo.
La Corte Constitucional decidió que el trámite de revisión del decreto de emergencia económica, radicado recientemente por el presidente Gustavo Petro, iniciará formalmente en enero. Tras evaluar los antecedentes de estados de excepción durante la vacancia judicial, los magistrados concluyeron que el proceso debe ajustarse a las reglas de funcionamiento de los despachos. El sorteo para asignar al magistrado ponente y el debate de fondo se realizarán una vez finalice el receso de fin de año. Los integrantes de la alta corporación retomarán sus actividades oficiales el próximo 13 de enero para abordar esta materia. Mientras tanto, el decreto se presume constitucional y las medidas implementadas por el Ejecutivo empezarán a regir de forma inmediata. Esta pausa procesal otorga un margen de aplicación temporal a las reformas impositivas pretendidas por el Gobierno.
El Gobierno nacional expidió esta emergencia con el objetivo de decretar cambios a impuestos y crear nuevos tributos que el Congreso había negado previamente. Esta maniobra jurídica se produce en un contexto fiscal crítico, con depósitos del Tesoro en 1.3 billones y una deuda histórica del 62% del PIB. La urgencia del Ejecutivo radica en obtener recursos frescos ante la situación de “números rojos” que atraviesan las finanzas del Estado. No obstante, si la Corte Constitucional decide tumbar el decreto en enero, todas las medidas tributarias expedidas se caerían automáticamente. La incertidumbre sobre la estabilidad de estos nuevos gravámenes marcará el inicio del año legislativo y judicial en el país. Por ahora, el presidente cuenta con la facultad de implementar sus cambios económicos sin la intervención del legislativo.
Existen fuertes dudas sobre la viabilidad del decreto, ya que analistas sugieren que el Gobierno entró al proceso con argumentos jurídicos débiles. Para que la emergencia prospere, la ley exige probar que la crisis económica era imprevisible y que no existen mecanismos ordinarios de solución. Diversos sectores han señalado que el Ejecutivo cuenta con herramientas legales establecidas, como el congelamiento y recorte de partidas presupuestales. Expertos, calificadoras internacionales y centros de pensamiento han solicitado de manera constante recortes estatales que ascienden a los 36 billones de pesos. La falta de uso de estos instrumentos ordinarios podría ser el punto clave para que los magistrados declaren la inexequibilidad. La Corte evaluará si la situación fiscal realmente cumple con los requisitos de un estado de excepción constitucional.
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