En decisión del 19 de agosto, la Corte Suprema de Justicia negó la tutela presentada por la Universidad del Tolima contra el Tribunal Superior de Ibagué. La accionante, quien había obtenido protección en su condición de mujer, calificó el fallo como una lección de vida y reafirmó su postura frente a la defensa de derechos.
La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, declaró improcedente la acción de tutela presentada por la Universidad del Tolima contra la decisión del Tribunal Superior de Ibagué, que había amparado los derechos fundamentales de una docente universitaria. El fallo, con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, establece que el recurso no cumplía los requisitos para prosperar, reafirmando así los límites que tiene la tutela frente a decisiones judiciales.
La sentencia, emitida bajo radicado STP13279-2025, confirma que la revisión de una decisión de segunda instancia implica la posibilidad de modificar el sentido del fallo, lo cual hace improcedente este tipo de acciones. En consecuencia, la Corte Suprema ordenó notificar a las partes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Este pronunciamiento marca un precedente sobre el uso responsable de los mecanismos constitucionales en el marco de la justicia colombiana.
La accionante, Inés Yohanna Pinzón Marín, docente y abogada de la Universidad del Tolima, calificó este resultado como una experiencia difícil, pero enriquecedora en términos de aprendizaje personal y profesional. “Como mujer, madre y profesora universitaria, he vivido los meses más duros de mi vida. Aprender puede doler, pero es necesario. Esta situación me reafirma que la dignidad no se negocia”, expresó tras conocerse la decisión judicial.
La profesora, quien había obtenido previamente la protección de sus derechos por parte del Tribunal Superior de Ibagué, afirmó que este proceso la enfrentó a realidades complejas dentro de la academia y la sociedad. “Ser mujer en Colombia es difícil, pero defender los derechos como mujer es aún más complicado. Sin embargo, invito a no rendirse. Todo lo bueno que damos regresa”, puntualizó, enviando un mensaje de resiliencia y esperanza a las mujeres del país.
En sus declaraciones, Pinzón Marín negó rotundamente cualquier interés en aspirar a la rectoría de la Universidad del Tolima, tema que había circulado en medio de la controversia. “Si hay algo que temo es al poder. He visto a personas transformarse en verdugos de quienes piensan distinto. Amo la diferencia y no quiero participar en disputas marcadas por el clientelismo y la politiquería”, sostuvo, dejando claro que no será candidata para el próximo cuatrienio.
La docente advirtió sobre los riesgos del “aniquilamiento moral” en los escenarios académicos, señalando que este tipo de prácticas atentan contra la integridad de las personas y el ejercicio libre de la cátedra. “Mi vocación está en enseñar, en ser madre y mujer, no en competir por cargos administrativos. Desde mi lugar puedo servir mejor a la Universidad y a la sociedad”, recalcó.
Asimismo, hizo un llamado para que la Universidad del Tolima se encamine hacia un liderazgo más incluyente, empático y transparente. “Necesitamos revisar nuestra institución para ponerla a tono con el mundo actual. Este debate debe abrir caminos de respeto, justicia y construcción colectiva”, expresó, invitando a una transformación interna en la academia tolimense.
El fallo de la Corte Suprema reitera que el mecanismo de la tutela no puede convertirse en una tercera instancia judicial, sino que debe respetar la autonomía y el alcance de las decisiones adoptadas en el curso ordinario de los procesos. Esta determinación no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también sociales, al visibilizar la importancia de garantizar la protección de los derechos sin desnaturalizar los mecanismos constitucionales.
Finalmente, la Corte ordenó que el expediente sea remitido a la Corte Constitucional, que definirá si procede o no su revisión. En caso de no ser impugnado, el fallo quedará en firme en los próximos días. La decisión se enmarca en el compromiso del alto tribunal por preservar la seguridad jurídica y el equilibrio entre derechos fundamentales y procedimientos legales en Colombia.
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