La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la tutela presentada por Carolina Corcho, Gustavo Bolívar y el Partido Comunista contra el Consejo Nacional Electoral, tras la decisión del CNE de aprobar parcialmente la fusión del Pacto Histórico. El expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La Corte Suprema de Justicia resolvió negar la acción de tutela interpuesta por Carolina Corcho, Gustavo Bolívar y el Partido Comunista contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco de la controversia por la fusión parcial del movimiento político Pacto Histórico. La decisión, adoptada por la Sala de Casación Laboral, revocó parcialmente un fallo anterior y declaró improcedente el amparo solicitado.
Según el alto tribunal, la tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir decisiones del CNE, ya que existe la vía ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. Por tanto, la Corte reiteró que este tipo de acciones constitucionales solo proceden cuando no hay otros medios judiciales eficaces para proteger los derechos invocados.
El fallo establece que la tutela presentada por los líderes del Pacto Histórico pretendía la protección de los derechos fundamentales a la participación política y la igualdad, tras considerar que el CNE excluyó a movimientos como Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena Social de la fusión aprobada. Sin embargo, la Corte no encontró vulneración directa que justificara el uso de la acción constitucional.
El Consejo Nacional Electoral había aprobado la fusión del Pacto Histórico con una votación de siete a dos, dejando por fuera a tres de las principales organizaciones que conforman la coalición. En consecuencia, la unión formal solo incluiría a la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista, hasta que se definan las investigaciones pendientes de las demás colectividades.
La Corte Suprema, en su decisión, también ordenó confirmar el resto del fallo de primera instancia y dispuso que el expediente sea remitido a la Corte Constitucional, que podrá revisarlo si considera que existen elementos de relevancia constitucional en el caso.
La resolución judicial fue clara al precisar que la tutela es una herramienta residual y excepcional, no un instrumento para impugnar actos administrativos de carácter electoral. Este pronunciamiento reitera la posición de la Corte sobre la necesidad de agotar los canales ordinarios antes de recurrir a la justicia constitucional.
Por su parte, fuentes cercanas al Pacto Histórico indicaron que la decisión judicial representa un nuevo obstáculo en el proceso de consolidación de la coalición política, que busca obtener reconocimiento formal como partido unificado antes de las próximas contiendas electorales.
En los próximos días, los movimientos excluidos del proceso podrían considerar nuevas acciones ante el Consejo de Estado, mientras la Corte Constitucional estudia si asume la revisión del fallo, lo que determinará el rumbo jurídico de una de las alianzas políticas más importantes del país.
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