El congresista tolimense seguirá en libertad mientras avanza el proceso judicial por presuntas irregularidades en contratos durante su paso como gobernador del Tolima. La Corte reconoce indicios de responsabilidad, pero no considera urgente su detención.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no imponer medida de aseguramiento contra el senador Óscar Barreto Quiroga, del Partido Conservador, quien es investigado por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador del Tolima. La decisión se tomó tras evaluar su situación jurídica en un proceso que avanza por delitos contra la administración pública.
La investigación señala que Barreto podría haber incurrido en peculado por apropiación y en la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Estos hechos habrían ocurrido durante su paso por la Gobernación del Tolima, antes de que asumiera su curul en el Senado de la República.
Según el alto tribunal, aunque existen elementos que permiten inferir su posible responsabilidad, no se cumplen las condiciones para imponer una medida restrictiva de la libertad. En este sentido, la Sala consideró que no hay riesgo de obstrucción a la justicia ni de fuga por parte del congresista.
“La Sala decidió no imponer medida de aseguramiento, sin que ello signifique el cierre del caso”, explicó una fuente de la Corte. El proceso seguirá su curso y será la Sala de Primera Instancia la que determine si Barreto debe enfrentar un juicio formal por los cargos imputados.
La decisión ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y judicial. Mientras algunos consideran que el fuero y la falta de privación de libertad abren dudas sobre la igualdad ante la ley, otros señalan que se ha respetado el debido proceso y la presunción de inocencia del senador.
Óscar Barreto ha sido una figura influyente en la política tolimense, ocupando en dos ocasiones la Gobernación del departamento y actualmente ejerciendo como senador. Sus críticos han señalado reiteradamente presuntas prácticas clientelistas en su administración, mientras sus seguidores lo defienden como un líder con amplia experiencia.
A pesar de continuar en libertad, el proceso judicial sigue abierto, y su futuro político dependerá del curso que tome la investigación. Si es hallado culpable, podría enfrentar una condena penal y sanciones políticas que pondrían fin a su carrera pública.
La Corte Suprema, por su parte, reiteró que los procesos contra aforados como Barreto serán manejados con rigurosidad, independencia y transparencia, en el marco de las garantías constitucionales.
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