La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el congresista electo Wadith Alberto Manzur Imbett por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión judicial se da en medio de las investigaciones por presunto cohecho impropio dentro de ese caso.
La justicia colombiana tomó una decisión de alto impacto político luego de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenara enviar a prisión al congresista recién electo Wadith Alberto Manzur Imbett, en medio de las investigaciones por el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La medida fue adoptada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, que decidió dictar medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial contra el dirigente político, quien recientemente había sido elegido para integrar el Senado de la República de Colombia.
Según la investigación judicial, varios congresistas habrían recibido dádivas a cambio de favorecer decisiones relacionadas con operaciones de crédito público y proyectos vinculados a la gestión de recursos dentro de la UNGRD, una entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.
Las pesquisas apuntan a que estos beneficios estarían relacionados con la aprobación de operaciones financieras del Gobierno nacional dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, lo que habría generado compromisos indebidos por parte de algunos legisladores investigados.
En la misma decisión judicial también fue enviada a prisión la congresista Karen Astrith Manrique Olarte, mientras que otros parlamentarios vinculados al caso continuarán el proceso en libertad mientras se adelanta la etapa judicial correspondiente.
Entre los investigados por este escándalo también figuran los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán vinculados al proceso mientras avanza la investigación judicial.
El caso de la UNGRD se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Colombia, debido a los presuntos manejos irregulares de contratos y recursos públicos destinados a atender emergencias en diferentes regiones del país.
Tras la decisión del alto tribunal, se espera que el Congreso sea notificado para proceder con la suspensión del congresista mientras se desarrolla el proceso judicial que determinará su responsabilidad en los hechos investigados.
La investigación continuará en las próximas etapas procesales, en las que la justicia deberá establecer si existieron responsabilidades penales en los presuntos hechos de corrupción que hoy sacuden al panorama político nacional.
