La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) solicitó a los medios de comunicación del país entregar información sobre sus procesos internos, políticas editoriales y selección de contenidos. La medida, que busca verificar el cumplimiento de la Ley 680 de 2001, fue criticada por diversos sectores que la interpretan como un intento de censura.
Una nueva controversia se desató en el país luego de que se conociera una comunicación oficial enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a varios medios, en la que se solicita información detallada sobre sus procesos editoriales, políticas de imparcialidad y mecanismos de verificación de noticias.
El documento, firmado por Zoila Vargas Mesa, coordinadora ejecutiva de la entidad, requiere a los medios detallar sus directrices internas para garantizar la objetividad, veracidad e independencia en los contenidos informativos, así como las medidas preventivas para evitar sesgos políticos o intereses empresariales.
La CRC justifica la solicitud bajo el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control de los contenidos audiovisuales, según lo establecido en la Ley 1341 de 2009, la Ley 1978 de 2019, y las leyes 182 de 1995 y 680 de 2001, que regulan la prestación del servicio de televisión y el manejo del espectro electromagnético.
En el requerimiento, la entidad pide también remitir manuales, protocolos editoriales y actas de consejos de redacción, además de especificar los procedimientos usados para diferenciar información, opinión y publicidad, con el fin de evitar posibles publirreportajes o contenidos patrocinados sin advertencia al público.
La comunicación advierte que el incumplimiento de este requerimiento podría acarrear medidas administrativas conforme a la ley, lo que ha generado preocupación en medios, periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
En redes sociales, varios comunicadores expresaron su rechazo al considerar que el oficio representa una intromisión en la autonomía periodística y abre la puerta a mecanismos de control sobre la información, especialmente en un contexto político tenso.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, afirmando que la CRC actúa “de acuerdo con el fallo de un magistrado del Consejo de Estado que buscó censurarme”. El mandatario aseguró que “no se me censurará solamente a mí, sino a toda la prensa que use el espectro electromagnético”, y cuestionó que la entidad haya rechazado al delegado que él había designado de manera constitucional.
La CRC, sin embargo, sostiene que la medida busca fortalecer la transparencia informativa y garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir contenidos veraces e imparciales. Aun así, la controversia continúa abierta y diversos gremios periodísticos anunciaron que evaluarán posibles acciones jurídicas para proteger la libertad de prensa en Colombia.
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