El sector arrocero enfrenta una crisis sin precedentes debido al aumento de las importaciones y la concentración del mercado en un duopolio. Mientras los precios caen más del 25%, los productores nacionales luchan contra la quiebra y exigen acciones urgentes del Gobierno y el Congreso.
La crisis del sector arrocero en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes. Las importaciones descontroladas de arroz, impulsadas por los Tratados de Libre Comercio (TLC), han desplomado los precios internos, poniendo en riesgo la sostenibilidad de miles de productores.
Desde la entrada en vigor de estos acuerdos, el mercado arrocero ha quedado en manos de un duopolio conformado por Roa Florhuila y Grupo Diana, que controlan el 85% del arroz empaquetado en el país. Paralelamente, Estados Unidos, Ecuador y Perú dominan el 99% de las importaciones, desplazando la producción nacional.
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Las cifras muestran la magnitud del problema. En 2024, el arroz paddy importado aumentó un 58% en comparación con el año anterior, pasando de 177,100 a 279,400 toneladas. Por su parte, las importaciones de arroz blanco se dispararon en un 56%, alcanzando las 195,000 toneladas.
Este incremento ha provocado una caída superior al 25% en los precios del arroz desde diciembre de 2024. Regiones productoras como Tolima, Huila, Norte de Santander, Meta y Casanare han sido las más afectadas, con precios que han descendido por debajo de los $185,000 por carga.
Mientras los arroceros nacionales enfrentan pérdidas millonarias, el duopolio de los molinos sigue vendiendo el arroz empaquetado a precios elevados, asegurando márgenes de ganancia a costa de los agricultores y consumidores. Esta situación ha generado una ola de protestas, con bloqueos viales y manifestaciones en diferentes regiones del país.
El problema no es nuevo. En 2013, el país vivió el Paro Nacional Agrario, en el que campesinos denunciaron altos costos de insumos, precios de compra injustos y restricciones impuestas por los TLC. A pesar de las promesas del Gobierno, la situación se ha agravado con el paso de los años.
El sector exige al Gobierno Nacional medidas urgentes para proteger la producción local. Sin embargo, la verdadera responsabilidad de revisar, modificar o derogar los TLC recae sobre el Congreso de la República, el único órgano con facultades para renegociar estos acuerdos.
Expertos advierten que, si no se toman medidas inmediatas, el país perderá su capacidad de producción arrocera, aumentando la dependencia de las importaciones y comprometiendo la seguridad alimentaria.
El futuro del arroz colombiano está en manos del Congreso. Los productores y organizaciones agrarias exigen un debate serio sobre la renegociación de los TLC y políticas que protejan la economía agrícola del país. La crisis arrocera no es solo un problema sectorial, sino una amenaza para la soberanía alimentaria de Colombia.
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