La suspensión del Plan de Alimentación Escolar afecta la nutrición y permanencia educativa de miles de niños, mientras Gobierno Nacional y Gobernación del Tolima se señalan responsabilidades sobre la financiación.
La suspensión del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima, que ya completa varias semanas, mantiene sin raciones alimentarias a más de 77.000 estudiantes de instituciones públicas. Esta situación, que afecta principalmente a comunidades rurales e indígenas, ha generado un intenso debate entre la Gobernación del Tolima y el Gobierno Nacional sobre quién debe responder para garantizar la continuidad del programa.
Desde la Gobernación del Tolima, el secretario de Educación, Andrés Bedoya, explicó que el servicio se encuentra detenido mientras la Asamblea Departamental aprueba la incorporación de $15.000 millones adicionales. Estos recursos permitirían extender el programa hasta finales de septiembre, aunque no serían suficientes para cubrir los últimos meses del calendario escolar, dejando nuevamente en riesgo la alimentación de miles de estudiantes.
“Desde comienzos del año hemos buscado recursos, pero la preocupación es que, el 26 de septiembre, ante la negativa del Gobierno Nacional de adicionar recursos, el programa no se suspendería, sino que se terminaría”, advirtió Bedoya. El funcionario insiste en que la Nación debe inyectar más dinero para garantizar la cobertura total, mientras la Gobernación gestiona alternativas con recursos propios.
Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), adscrita al Ministerio de Educación, respondió que el Gobierno Nacional ha cumplido con su obligación presupuestal. Según Sebastián Rivera Ariza, director de la UApA, en lo corrido de 2025 se han girado $49.638 millones, lo que representa el 82 % del presupuesto anual asignado para el Tolima.
“Los recursos están, se han girado, y el gobierno departamental también tiene la responsabilidad y la obligación legal de cofinanciar el programa”, enfatizó Rivera. En su pronunciamiento, solicitó de manera categórica que se reactive de inmediato el PAE en todos los municipios, dado que la afectación a los estudiantes se agudiza con cada día que pasa sin alimentación escolar.
El Gobierno Nacional también recordó que el presupuesto para el PAE en el Tolima ha aumentado significativamente en los últimos años, pasando de $33.000 millones en 2022 a $60.000 millones en 2025, lo que equivale al 72 % de la financiación total del programa. “Estamos cumpliendo con un esfuerzo fiscal histórico; el compromiso es evidente”, señaló la entidad.
La prolongada suspensión no solo compromete la nutrición de los estudiantes, sino que también pone en riesgo la permanencia escolar, especialmente en las zonas más vulnerables. Para muchas familias campesinas, la ración del PAE representa el principal alimento del día para sus hijos, por lo que su ausencia afecta directamente la asistencia a clases y la calidad educativa.
En cifras, actualmente 59.410 estudiantes del componente mayoritario y 10.581 estudiantes indígenas no están recibiendo el complemento alimenticio diario. Esta situación preocupa especialmente a las autoridades educativas locales y a los rectores, que advierten sobre el impacto en los indicadores de permanencia escolar.
Padres de familia, rectores y líderes sociales han manifestado su inconformidad por la falta de coordinación entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Tolima. En redes sociales, muchos exigen una solución inmediata para evitar que miles de niños sigan pasando hambre mientras persiste el cruce de responsabilidades administrativas y presupuestales.
El panorama, por ahora, sigue siendo incierto. La Asamblea Departamental deberá aprobar en los próximos días la incorporación de recursos, pero el debate de fondo se centra en cómo garantizar que el PAE funcione durante todo el año y evitar que la alimentación escolar siga dependiendo de trámites burocráticos que afectan a la población más vulnerable del departamento.
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