La filtración de una auditoría externa no aprobada ha desatado un escándalo en la compañía estatal, poniendo en riesgo ingresos fiscales clave, generando desconfianza en los mercados y cuestionando la gobernanza corporativa en medio de debates por la transición energética.
Ecopetrol, la empresa petrolera más grande de Colombia y actor estratégico para la economía nacional, atraviesa hoy una de sus mayores crisis de los últimos años. El detonante fue la filtración a medios de una auditoría externa llevada a cabo por una firma estadounidense sin la autorización de la junta directiva, cuyo contenido ha encendido una controversia en torno a prácticas corporativas y manejo de información sensible.
La compañía, controlada mayoritariamente por el Estado, aporta entre el 12 % y el 15 % de los ingresos fiscales del país y su desempeño resulta esencial para mantener un equilibrio macroeconómico estable. En 2023, Ecopetrol figuró entre las diez empresas de mayor valor en Latinoamérica; sin embargo, su valor bursátil ha caído un 19 % en cinco años, reflejo de la creciente desconfianza de los inversionistas.
Analistas señalan que el epicentro de la crisis podría vincularse a la gestión del presidente Gustavo Petro, quien promueve políticas de transición energética que implican cambios en la estrategia tradicional de la petrolera. La suspensión de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, uno de los anuncios más polémicos, ha sido interpretada como un freno a la sostenibilidad financiera de la empresa, al no presentar un plan de reemplazo claro para cubrir la brecha de producción.
Otro foco de tensión interna se observa en la reorganización directiva y el choque generacional y de afinidades políticas dentro de la organización. La llegada de nuevos cuadros cercanos al petrismo, enfrentada con empleados veteranos, ha generado un clima corporativo enrarecido. A esto se suman las presiones de sindicatos y grupos ambientalistas, que exigen mayor rigor en las prácticas sostenibles.
Entre los proyectos afectados, resalta el acuerdo con Oxy en la cuenca Permian, que se proyectaba para aportar 60.000 barriles diarios y 200 millones de barriles en reservas. La incertidumbre ha obligado a revisar los términos de dicha alianza y a renegociar plazos, generando preocupación en los mercados internacionales y en la comunidad inversionista.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda anunció la decisión de adelantar para el 1 de junio de 2025 el cobro del anticipo de retención en la fuente correspondiente a 2026, con el fin de asegurar ingresos fiscales. Aunque la medida es necesaria para afianzar las finanzas públicas, agrava la presión sobre la ya ajustada liquidez de Ecopetrol, que debe financiar compromisos de deuda y mantener inversión en proyectos críticos.
La filtración de la auditoría ha puesto de relieve cuestionamientos sobre la gobernanza de Ecopetrol y los mecanismos internos de control. El desconocimiento de la junta directiva respecto al encargo del informe externo señala fallas en la supervisión de los procesos de auditoría. La Contraloría General y la Procuraduría iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades.
La repercusión de esta crisis trasciende los pasillos de la empresa. Se refleja en el aumento de las tasas de interés de los bonos soberanos colombianos y en un mayor indicador de riesgo país, afectando la percepción de estabilidad macroeconómica. Para muchos economistas, la forma en que Ecopetrol gestione este proceso definirá la credibilidad financiera de Colombia durante la próxima década.
Hoy, la compañía enfrenta una encrucijada: mantener su rol como pilar de la economía nacional mientras se adapta a una agenda global de energía limpia. El Gobierno, accionista mayoritario, tendrá que equilibrar la presión por descarbonizar el sistema energético con la necesidad de garantizar flujo de caja y sostenibilidad operativa. El futuro de Ecopetrol y el rumbo económico de Colombia están en juego.
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