Tomás Uribe arremetió contra Gustavo Petro e Iván Cepeda acusándolos de liderar un “narco-régimen”, mientras congresistas del Pacto Histórico recordaron los antecedentes judiciales del expresidente Álvaro Uribe.
Las tensiones políticas en Colombia escalaron tras las declaraciones de Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien acusó públicamente al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda de dirigir un “narco-régimen”. Uribe sugirió incluso que Estados Unidos debería colaborar con Colombia para extraditar a los “determinadores políticos del narcotráfico”.
Las afirmaciones de Tomás Uribe, difundidas por el medio Infobae, no tardaron en generar reacciones. Una de las más contundentes vino del congresista Santiago Osorio Marín, del Pacto Histórico y la Alianza Verde, quien respondió recordando los múltiples escándalos judiciales que han rodeado al expresidente Uribe y su círculo cercano durante las últimas dos décadas.
Osorio recordó que el general Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, fue extraditado y condenado en Estados Unidos por colaborar con organizaciones narcotraficantes y paramilitares. Además, señaló que Mario Uribe Escobar, primo del expresidente, fue condenado por vínculos con grupos paramilitares, operando como puente entre estos y el Congreso de la República.
Durante el mandato de Uribe (2002-2010), los cultivos de coca aumentaron considerablemente, pasando de 86.000 a 114.000 hectáreas, según cifras oficiales. Para Osorio y otros críticos, este incremento refleja un fracaso en la lucha contra el narcotráfico, encubierto bajo el discurso de la “seguridad democrática”.
Asimismo, se cuestiona la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que en teoría dejó fuera de combate a estas estructuras, pero en la práctica dio origen a grupos armados como el Clan del Golfo. Varios jefes paramilitares fueron extraditados a EE. UU., lo que según críticos sirvió para silenciar posibles testimonios comprometedores.
Un dato que refuerza estas acusaciones es que más de 60 congresistas afines al uribismo fueron investigados y condenados por el escándalo de la parapolítica. Para Santiago Osorio, estos hechos constituyen evidencia de que “la seguridad democrática fue una fachada para legalizar el narco-paramilitarismo”.
Actualmente, Álvaro Uribe enfrenta una investigación por presunto soborno a testigos y fraude procesal, proceso que mantiene latente el debate sobre la legitimidad de su legado político. Estas investigaciones han reavivado cuestionamientos sobre cómo se construyó su poder y hasta qué punto estuvo ligado a actividades delictivas.
En este contexto, las declaraciones de Tomás Uribe son vistas por sus críticos como una estrategia para reposicionar políticamente al uribismo con miras a las elecciones de 2026. No obstante, la respuesta de sectores alternativos busca recordar que el fenómeno del narcotráfico ha atravesado diversas esferas del poder y que no hay lugar para dobles discursos en la lucha contra este flagelo.
-TV STREAMIGN REGIONAL -
TRANSFORMA TU VIEJO TV EN SMART
GANA DINERO CON TU TRÁFICO
