Durante la semana, se conocieron los detalles de la votación en el Congreso de la República sobre los artículos 31, 32 y 33 de la reforma laboral, que tenían como objetivo incluir al sector campesino en un esquema de contratación justa y digna. A pesar de la relevancia de estos artículos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores rurales, los mismos fueron rechazados en la Cámara de Representantes, lo que ha generado descontento entre diversas organizaciones sociales.
Cuatro de los seis congresistas tolimenses, Alejandro Martínez y Delcy Isaza del Partido Conservador, Carlos Edward Osorio del Centro Democrático y Olga Beatriz González del Partido Liberal, votaron en contra de estos artículos. Este bloque de legisladores decidió no apoyar las propuestas, que pretendían reconocer y mejorar los derechos laborales del sector campesino, lo que ha sido visto por muchos como una traición a las necesidades de esta población vulnerable.
Alejandro Martínez y Delcy Isaza, ambos representantes de la estructura política barretista del Partido Conservador, fueron de los primeros en manifestar su rechazo. De igual manera, Carlos Edward Osorio, recordado por su papel como ponente del polémico Código de Policía, también se opuso a la medida, alineándose con la línea del Centro Democrático. La representante Olga Beatriz González, a pesar de su cercanía al gobierno actual, sorprendió a muchos al unirse al voto negativo, manteniendo su postura en contra del articulado.
Los artículos en cuestión buscaban facilitar la contratación formal de campesinos y miembros de organizaciones sociales en condiciones justas, algo que sigue siendo una aspiración lejana para muchos trabajadores rurales en Colombia. Actualmente, mientras un congresista devenga un salario cercano a los 43 millones de pesos mensuales, un campesino promedio en el país apenas supera el millón de pesos, lo que refleja una enorme disparidad económica y social.
La negativa de los congresistas tolimenses a respaldar estos artículos ha encendido el debate sobre la desigualdad en el país y la falta de apoyo legislativo a los sectores más necesitados. Para muchos, este voto representa una oportunidad perdida para cerrar la brecha salarial y social que existe entre los trabajadores campesinos y otros sectores de la economía. La discusión sobre la reforma laboral continúa, y los campesinos de la región mantienen la esperanza de que en futuros debates se logre avanzar hacia una mayor equidad y justicia laboral en el país.
