Un grupo de aproximadamente nueve hombres cubrió con pintura gris los murales alusivos a La Escombrera de Medellín que habían sido realizados en una glorieta de Ibagué. La acción se llevó a cabo en la mañana del viernes y finalizó con la total eliminación de las imágenes que hacían referencia a las ejecuciones extrajudiciales en el país.
El hecho ocurrió luego de que el abogado y opositor bogotano Alejandro Bermeo llegara hasta la glorieta de la calle 83 para pintar sobre las consignas “Las cuchas tienen razón” y “Yo di la orden”, mensajes que aludían a las víctimas de desapariciones forzadas en Medellín. La iniciativa generó reacciones divididas entre la ciudadanía.
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Uno de los ciudadanos que participó en la acción aseguró que el objetivo era “terminar con este tipo de vandalismo que se ha hecho no solo en Ibagué, sino en otras partes del país”. Sin embargo, la intervención ha sido interpretada por algunos sectores como un acto de censura, debido a que los murales hacían parte de una manifestación artística y política en el marco de la memoria histórica.
Las obras fueron creadas por un grupo de jóvenes en respuesta a los hallazgos de cadáveres en La Escombrera de Medellín, una de las fosas comunes más grandes de América Latina. Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) identificaron a dos víctimas de cuatro cuerpos encontrados en la zona. Se trataba de una joven de 20 años, coordinadora de un club deportivo, y un vendedor ambulante de 28 años en condición de discapacidad, ambos sin antecedentes penales ni registros en archivos de inteligencia.
El borrado de los murales en Ibagué ha reavivado el debate sobre el reconocimiento de los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país durante el conflicto armado. Organizaciones de derechos humanos y víctimas han señalado que estos actos buscan invisibilizar una de las violaciones más graves cometidas por agentes del Estado.
En el Tolima, las ejecuciones extrajudiciales con 284 y desapariciones forzadas aproximadamente 6.000 dejado un impacto profundo en la comunidad casos emblemáticos en los Municipio de San Luis, Ibagué, Honda, Líbano, El Espinal, Chaparral, entre otros. Muchas víctimas aún esperan justicia y esclarecimiento por parte del Estado colombiano, lo que hace que la memoria y el reconocimiento de estos hechos sean temas sensibles en la región.
Mientras unos defienden la eliminación de los murales como una acción en contra del “vandalismo”, otros ven en este acto un intento por negar hechos documentados de la violencia en Colombia. El debate sigue abierto y pone sobre la mesa la disputa por la memoria y el derecho a la expresión en el espacio público.
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