En un giro inesperado, la organización de las fiestas de junio en Ibagué ha quedado bajo la lupa tras una denuncia presentada por el abogado Luis Felipe Aranzalez, quien asegura que la licitación para la logística del evento presenta graves irregularidades. La contratación, valorada en 8 mil millones de pesos, ha generado controversia al ser adjudicada únicamente a la empresa León Gráficas, la cual ha manejado este contrato durante el gobierno de Andrés Hurtado.
Aranzalez interpuso una tutela ante el Juez Constitucional Municipal de Ibagué, alegando la violación al debido proceso y al derecho a la igualdad por parte del municipio de Ibagué y su Secretaría de Cultura. El abogado sostiene que la licitación pública No. AI-LP-005-2024, convocada el 23 de abril de 2024, se realizó de manera irregular, favoreciendo a León Gráficas como único proponente.
Según el abogado, la Secretaría de Cultura modificó arbitrariamente el cronograma del proceso, impidiendo que otros interesados pudieran presentar observaciones o participar adecuadamente. Aranzalez argumenta que estas acciones violan las disposiciones de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, que regulan la transparencia y la pluralidad de proponentes en las contrataciones del Estado.
En su denuncia, Aranzalez detalla que el cronograma original permitía la presentación de ofertas hasta el 17 de mayo de 2024, plazo en el cual solo León Gráficas presentó su propuesta. Posteriormente, el informe de evaluación de ofertas fue publicado el mismo día, sin dar el tiempo reglamentario para que otros interesados presentaran sus observaciones, lo que, según el abogado, vulnera el debido proceso.
El abogado también señala que la Alcaldía de Ibagué, a través del secretario de Cultura, Mauricio Hernández Cala, emitió una adenda el 20 de mayo de 2024, modificando el cronograma sin actualizarlo en la plataforma SECOP II, lo que generó confusión y limitó la participación ciudadana. “Esta modificación abrupta y sin justificación válida quebranta mis derechos como ciudadano a ejercer el control social en la contratación estatal”, expresó Aranzalez.
La denuncia destaca que el informe de evaluación final fue publicado después de la audiencia de adjudicación, contraviniendo el procedimiento legalmente establecido y favoreciendo a León Gráficas de manera indebida. Aranzalez asegura que estos actos reflejan una falta de transparencia y objetividad en el proceso, y solicita que se retrotraigan las actuaciones para garantizar el cumplimiento del debido proceso.
Por su parte, la Secretaría de Cultura de Ibagué defiende la legalidad del proceso, argumentando que León Gráficas podía renunciar a ciertos términos por ser el único proponente. Sin embargo, Aranzalez insiste en que esta justificación no puede usarse para ignorar los plazos y procedimientos establecidos por la ley.
La tutela presentada busca la suspensión temporal del proceso de contratación hasta que se emita un fallo, garantizando así que cualquier acto posterior se realice conforme a la normativa vigente. “Es esencial que se respete el debido proceso y la transparencia en la gestión de recursos públicos, especialmente en eventos de gran envergadura como el Festival Folclórico de Ibagué”, concluyó Aranzalez.
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