Alba Lucía García, quien fue contratista del Ministerio de Salud por más de 108 millones, renunció al cargo hace menos de 20 días para aspirar a la Cámara por Cambio Radical. Ella sostiene que su salida se debió a razones personales, no a una ruptura política con el gobierno.
Fuentes del Ministerio confirmaron que Alba Lucía García fue contratista de la cartera de Salud mientras el ministro Jaramillo autorizaba su vinculación, pese a sus antecedentes en la Alcaldía de Ibagué bajo la administración de Andrés Hurtado como secretaria de Desarrollo Económico. Su rol fue aceptado bajo el argumento de que García deseaba desligarse de la política partidista.
Sin embargo, su permanencia fue breve: hace menos de 20 días renunció al contrato para lanzarse como candidata de Cambio Radical, desde donde ha intensificado su discurso opositor hacia el presidente Petro y su gabinete. La dualidad entre su papel técnico y su reciente postura política ha generado polémica.
Al ser consultada por El Olfato sobre los señalamientos, García dijo que decidió asumir el contrato con el Ministerio para contribuir al programa de salud mental con su experiencia profesional. Pero con el tiempo consideró que el enfoque del proyecto no coincidía con su visión ni su manera de aportar. “Yo trabajo por resultados, no por ideología”, afirmó.
La candidata argumentó que su salida fue motivada por un “motivo estrictamente personal”, y no una ruptura política con el gobierno. También denunció contradicciones: que criticaran su contrato como funcionaria al tiempo que otros nombramientos contravienen requisitos mínimos. Aludió al caso de Juliana Guerrero para ilustrarlo.
García sostiene que el verdadero problema es que “este Gobierno premia lealtades, no resultados”. Insistió en que su vida profesional —dentro del derecho, con maestría y doctorado— debería pesar más que su filiación política. Su acusación busca cuestionar el criterio con que se seleccionan los cargos institucionales.
Información pública confirma que su contrato ante Minsalud ascendía a 108 millones de pesos, en el área jurídica, como contratista en temas de seguimiento a entidades territoriales y prestadores, enfocados en salud mental. Ese dato fue usado recientemente en redes para cuestionar su coherencia.
Críticas desde círculos políticos la han llamado hipócrita por “ser oposición cobrando con contratos del Estado”. En redes, interpelaciones como la de Natalia Castro Córdoba la pusieron en el centro de debates sobre la ética política. García respondió defendiendo su derecho a cambiar de rol.
El momento coincide con su precampaña abierta, donde junto con otras figuras de Cambio Radical ha criticado fuertemente políticas del Gobierno Nacional en educación, campo e impuestos. Su paso del contrato estatal a su rol opositor será analizado legal y éticamente por observadores.
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