El Tribunal Superior de Bogotá anunciará este martes a las 8:00 a.m. su fallo de segunda instancia sobre la condena de 12 años de prisión por fraude procesal y soborno en actuación penal impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La audiencia, de alta expectativa nacional, determinará si se mantiene, modifica o revoca la sentencia, en un proceso judicial inédito para un exmandatario en el país.
El Tribunal Superior de Bogotá se alista para pronunciar este martes una decisión que marcará un hito en la historia judicial de Colombia. A partir de las 8:00 de la mañana, y de manera virtual, se llevará a cabo la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia en el proceso penal que se sigue contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Esta determinación definirá si se ratifica, se altera o, por el contrario, se revoca la condena inicial de 12 años de prisión domiciliaria, así como las penas accesorias que fueron impuestas en primera instancia.
La expectación que rodea este pronunciamiento es palpable en todos los ámbitos del país, desde el sector político y la rama judicial, hasta la ciudadanía en general. Y es que el caso contra Uribe Vélez, considerado como uno de los más trascendentales de la justicia reciente, representa un hecho sin precedentes: es la primera vez en la historia de la República que un expresidente colombiano es sometido a un proceso de esta índole en el ámbito de la justicia ordinaria, lo que subraya la relevancia de la decisión que está por conocerse.
La sentencia que está bajo revisión fue emitida el pasado 1 de agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia, tras encontrar al exmandatario responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El fallo de primera instancia, una pieza jurídica de 1.114 páginas, fue contundente en sus conclusiones. Según la jueza, Uribe Vélez promovió activamente acciones con el objetivo de desacreditar a varios testigos clave en el proceso.
En particular, la sentencia concluyó que el expresidente buscó influir en las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Euridice Cortés. Para lograr este cometido, se estableció que Uribe Vélez habría impartido instrucciones precisas a su entonces abogado, Diego Cadena, para que este gestionara y estableciera contacto con reclusos que se encontraban en cárceles como La Picota, en Bogotá, y el centro penitenciario de Cómbita, en Boyacá.
Además de la pena principal de prisión domiciliaria por 12 años, la condena impuesta por la jueza Heredia incluyó otras sanciones significativas que también están en juego en el fallo de este martes. Entre ellas se cuenta una inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 8 años, 4 meses y 20 días. A esto se sumó una cuantiosa multa económica que ascendió a la suma de 2.420 salarios mínimos legales vigentes, incrementando la gravedad de las consecuencias legales.
A pesar de la sentencia condenatoria de primera instancia y la gravedad de las penas, es importante destacar que el expresidente Álvaro Uribe continúa en libertad. Su permanencia fuera de la reclusión se debe a una acción de tutela previa que logró suspender temporalmente la aplicación de la medida de prisión domiciliaria. Expertos en derecho penal han señalado que esta tutela actúa, por ahora, como una especie de “escudo jurídico” que protege al exmandatario.
Según explicaciones de juristas como Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados de Colombia, la orden de reclusión efectiva solo podría ser dictada y ejecutada en caso de que se produzca una sentencia que esté completamente ejecutoriada; es decir, cuando ya no existan más recursos legales pendientes. Mientras el Tribunal de Bogotá toma su decisión, y en caso de que esta sea de confirmación, se abre la posibilidad a futuras apelaciones.
Finalmente, expertos jurídicos han sido claros al precisar que, incluso si el Tribunal Superior de Bogotá ratifica la condena de primera instancia este martes, la presunción de inocencia del expresidente Uribe se mantendrá vigente mientras existan mecanismos de impugnación y recursos pendientes de resolución en las instancias superiores, como podría ser la Corte Suprema de Justicia, lo que subraya que este caso está aún lejos de cerrarse definitivamente.
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