El Gobierno de Gustavo Petro adoptó, por decreto, el nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, que sustituye parte del decreto 780 de 2016. La norma crea redes integradas, refuerza la atención primaria y formaliza el trabajo en salud.
El Presidente de la República, Gustavo Petro, y el Ministerio de Salud y Protección Social firmaron el Decreto 0858 de 2025, que reemplaza la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, para poner en marcha un sistema de salud centrado en la vida y no en el negocio. Con esta medida, el país asume de manera oficial el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.
El decreto ordena que EPS, IPS, hospitales públicos y privados se articulen en las nuevas Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), con el fin de garantizar una atención continua, oportuna y cercana a la población. Se abandona así el esquema “centralizado y por eventos” para dar paso a un sistema que actúa desde el territorio.
La reforma introduce la formalización laboral del talento humano en salud, priorizando empleos dignos en el nivel primario. El decreto busca erradicar los denominados “contratos basura” y mejorar las condiciones de trabajo de quienes atienden a la comunidad, reforzando también un plan nacional de salud mental para el personal sanitario.
Un eje clave es la territorialización real, con enfoque diferencial y étnico: el modelo reconoce las realidades rurales, indígenas y de zonas dispersas, y exige que los servicios se diseñen según las necesidades locales, no solo como un discurso, sino con recursos y gestión descentralizada.
Se crea el Sistema Integrado de Información para la Atención Primaria (SI-APS), que unificará la historia clínica y concentrará datos clínicos, epidemiológicos, sociales y ambientales. Con esta plataforma, las autoridades podrán predecir enfermedades, planificar intervenciones y tomar decisiones con base en información robusta.
Para medir el desempeño, el decreto implementa indicadores de experiencia ciudadana: tiempos de espera, calidad percibida, continuidad del cuidado y accesibilidad efectiva. Estos nuevos KPI convertirán la opinión de los usuarios en un factor determinante para la evaluación de las entidades de salud.
La norma no pasó por el Congreso, pero respeta la Constitución, la Ley Estatutaria de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo. Además, se alinea con directrices de la OPS, el BID y los fallos de la Corte Constitucional, consolidando un modelo que pretende evitar la enfermedad antes que curarla.
El decreto ya está vigente y establece plazos claros: en seis meses deben operar las RIITS y aprobarse las reglamentaciones clave; en un año, todo el sistema debe haberse adaptado. El Gobierno celebra esta “victoria silenciosa del pueblo colombiano” como el paso más firme hacia un sistema de salud centrado en la prevención y la dignidad.
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