El abogado Iván Cancino solicitó a un juez de Bogotá que no emita orden de captura contra Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado por soborno en actuación penal. La defensa argumenta que la detención no debe ejecutarse hasta que la sentencia quede en firme por los siete años, lo que mantiene el caso en un punto clave del proceso judicial.
El caso del exabogado Diego Cadena volvió a generar debate en la justicia colombiana luego de que su defensor, Iván Cancino, solicitara formalmente a un juez de Bogotá abstenerse de emitir una orden de captura inmediata. La petición se fundamenta en que la sentencia que lo declaró responsable del delito de soborno en actuación penal aún no se encuentra en firme.
Cancino argumentó que las garantías procesales de su cliente podrían verse vulneradas si se procede con la privación de la libertad antes de agotar todas las instancias legales. Según la defensa, la ejecución de la condena debe esperar hasta que se resuelvan los recursos interpuestos y la decisión judicial adquiera plena ejecutoria.
La controversia surge tras el fallo condenatorio emitido en contra de Cadena, quien fue hallado culpable de haber intentado manipular testigos en un proceso que involucraba directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este caso ha captado la atención nacional por su estrecha relación con una de las figuras políticas más influyentes del país y por el alcance de las pruebas presentadas en los estrados.
El exabogado, que durante años hizo parte del equipo jurídico de Uribe, enfrenta una de las etapas más críticas de su trayectoria profesional y personal. De acuerdo con el fallo, su responsabilidad en el delito de soborno se sustentó en evidencias que señalaron la entrega de beneficios a testigos para que cambiaran sus versiones dentro de procesos judiciales de gran trascendencia.
El juez encargado del proceso deberá decidir si concede la solicitud de Cancino, decisión que marcará el rumbo inmediato del futuro de Cadena. En caso de negarse la petición, la orden de captura podría ser expedida de manera inmediata, obligando al abogado a enfrentar su condena desde un centro de reclusión.
Este panorama mantiene en expectativa tanto a la opinión pública como a sectores políticos, pues el caso Cadena ha sido uno de los episodios judiciales más seguidos de los últimos años. La figura del exabogado quedó vinculada directamente al llamado “caso Uribe”, un proceso cargado de tensiones jurídicas y políticas que aún no se cierran del todo.
Analistas en derecho penal señalan que la discusión no se centra únicamente en el caso concreto, sino en el precedente que podría sentarse respecto al cumplimiento de las sentencias condenatorias. De aceptarse la solicitud, se abriría un debate sobre la aplicación del principio de libertad mientras no exista fallo en firme, lo que podría impactar otros procesos similares en el país.
Por su parte, las víctimas en este caso han manifestado preocupación, pues consideran que postergar la captura significaría dilatar la ejecución de la justicia y prolongar un proceso que ya lleva varios años en los tribunales. Para ellas, la decisión judicial debe cumplirse de inmediato como garantía de que los delitos cometidos no quedarán en la impunidad.
Lo cierto es que la última palabra la tendrá el juez de la causa, quien deberá analizar los argumentos de la defensa y los principios constitucionales de legalidad y debido proceso. Mientras tanto, el caso de Diego Cadena se mantiene en el centro de la agenda judicial y política del país, mostrando nuevamente la compleja relación entre la justicia y el poder en Colombia.