Un informe revela que miles de pacientes están asumiendo hasta el 90% de sus ingresos para comprar medicamentos que las EPS no entregan, mientras aumentan las tutelas, las quejas y el riesgo de un colapso estructural del sistema de salud.
La Defensoría del Pueblo encendió una nueva alarma sobre la crítica situación del sistema de salud en Colombia, tras presentar el informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”. El estudio advierte que miles de pacientes están destinando entre el 7% y el 90% de sus ingresos mensuales a la compra de medicamentos que no reciben a través de las EPS. Esta situación, según la entidad, evidencia un deterioro estructural en la garantía del derecho a la salud, que afecta por igual a afiliados del régimen contributivo y del subsidiado. La defensora Iris Marín Ortiz expresó que el panorama es preocupante y requiere medidas urgentes. La situación se agrava en regiones apartadas.
El informe, presentado este 6 de noviembre de 2025, muestra que las fallas en la entrega de medicamentos se han profundizado en todo el país. De acuerdo con la Defensoría, el problema no distingue entre tipo de afiliación ni ubicación geográfica. No obstante, el impacto es más severo en zonas rurales, comunidades étnicas y territorios con limitada conectividad. Estas brechas hacen que el acceso a tratamientos básicos sea cada vez más difícil para poblaciones históricamente vulneradas. Los testimonios recogidos muestran que en muchos casos las personas deben desplazarse largas distancias para conseguir fármacos esenciales. La inequidad territorial se vuelve un factor determinante.
A partir de una encuesta aplicada a 3.449 usuarios del sistema, la Defensoría identificó seis medicamentos con mayores fallas de entrega: Metformina, Valsartán, Insulina Glargina, Quetiapina, Ácido Valproico y Ácido Fólico. La entidad advirtió que el costo de estos tratamientos, comparado con los ingresos promedio según el Dane, obliga a muchas familias a sacrificar gastos esenciales como alimentación, educación o vivienda. Hasta septiembre de 2025, se habían reportado 584 medicamentos diferentes sin entregar por parte de las EPS. De 1.798 casos analizados, el 48% seguía sin resolverse, lo que representa un retroceso en la atención en salud. La situación compromete la calidad de vida.
El incremento de tutelas también evidencia la magnitud de la crisis. Entre enero de 2020 y agosto de 2025, se radicaron 1.003.147 acciones judiciales invocando el derecho a la salud ante la Corte Constitucional. En 2025, el 33,8% de las tutelas correspondió a este derecho, convirtiéndose en el segundo más invocado del país. Del total de acciones relacionadas con salud, el 36,8% se enfocó en la falta de entrega o demora en medicamentos. La Defensoría acompañó 18.451 tutelas en los primeros ocho meses del año, de las cuales el 24% fueron por esta misma causa. Quindío, Caldas y Antioquia concentraron la mayor cantidad de casos. La judicialización crece sin freno.
La Superintendencia Nacional de Salud reportó cifras que reafirman el desbordamiento del problema: 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600 quejas. A su vez, la Defensoría del Pueblo acumuló 107.000 quejas entre 2022 y 2025, incluidas 35.000 solo en 2024, un aumento del 32% respecto a 2023. Entre enero y agosto de 2025 se recibieron 28.000 quejas adicionales, la mayoría por incumplimientos en la entrega de medicamentos y demoras en la atención. El informe recogió información de entidades como el Ministerio de Salud, Supersalud, Corte Constitucional, Contraloría y Procuraduría. Los datos confirman una tendencia regresiva. Las alertas institucionales se multiplican.
Las regiones más afectadas muestran una geografía clara de vulneración: Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia encabezan la lista de departamentos con mayores barreras para el acceso a medicamentos. Les siguen La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío. La defensora Iris Marín Ortiz reiteró que la inequidad social y económica es un factor estructural que impide garantizar una atención universal y efectiva. La falta de medicamentos, antes concentrada en tratamientos de alto costo, hoy también afecta medicinas básicas de atención primaria. La crisis se ha ampliado a todos los niveles. El deterioro es evidente.
Para fortalecer la respuesta institucional, la Defensoría instaló Puestos de Mando Unificado (PMU) en 18 departamentos, donde se llevaron a cabo 45 reuniones con entidades del sector salud y organismos de control. En estos espacios se recibieron testimonios que revelan impactos no solo económicos, sino también emocionales: frustración, ansiedad, pérdida de confianza en las instituciones y episodios de violencia contra el personal sanitario. La entidad aseguró que el seguimiento continuará durante los próximos meses. El objetivo es articular rutas de solución que permitan reducir los tiempos de entrega. La vigilancia se intensifica ante el colapso advertido.
El informe identifica fallas en cuatro dimensiones: gestión administrativa, financiación, abastecimiento y supervisión estatal. Según la Defensoría, estos problemas combinados han generado una situación regresiva que exige una intervención estructural. Las fallas ya no recaen únicamente en medicamentos de alto costo, sino también en aquellos utilizados para enfermedades crónicas y tratamientos cotidianos. La entidad advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el país podría enfrentar un colapso sanitario sin precedentes. La falta de articulación entre EPS, prestadores y entidades de control agrava aún más el panorama. La crisis requiere un abordaje multisectorial.
Como respuesta, la Defensoría del Pueblo formuló una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional, entre ellas garantizar una transición ordenada en cualquier reforma del sistema de salud y fortalecer mecanismos de abastecimiento y financiamiento. “La propuesta de transformación del sistema debe garantizar transiciones menos inciertas y traumáticas. El Gobierno no puede negar su responsabilidad en garantizar el derecho a la salud”, expresó la defensora Marín Ortiz. La entidad insistió en la necesidad de trabajar con enfoque territorial y priorizar a las poblaciones más afectadas. Las recomendaciones buscan evitar un deterioro mayor. La decisión ahora está en manos del Gobierno.
