La Defensoría del Pueblo advirtió que el principio de humanidad y las normas del Derecho Internacional Humanitario deben prevalecer, tras confirmarse la muerte de seis niños, niñas y adolescentes reclutados por disidencias de las FARC en un bombardeo contra el grupo de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare. El organismo exigió límites estrictos en el uso de la fuerza y la protección reforzada para víctimas de reclutamiento forzado.
La Defensoría del Pueblo emitió un enérgico pronunciamiento en sus redes sociales tras conocerse que seis niños, niñas y adolescentes, víctimas de reclutamiento forzado, murieron durante una operación militar adelantada por las Fuerzas Militares en zona rural del departamento del Guaviare. En el comunicado, el organismo subrayó que “el principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra”, enfatizando que incluso en escenarios de combate existen límites inquebrantables definidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). El hecho ha generado una profunda reflexión nacional sobre las obligaciones del Estado frente a la protección de menores en contextos de conflicto armado.
Según la información difundida, la operación iba dirigida contra las disidencias de las FARC al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Durante el despliegue militar, se confirmó el fallecimiento de los seis menores que hacían parte de ese grupo ilegal por haber sido reclutados de manera forzada. La Defensoría también reportó la recuperación de cuatro cuerpos adicionales que aún no han sido identificados, lo que aumenta la preocupación por el impacto que estos operativos puedan tener sobre poblaciones vulnerables. Las autoridades continúan realizando labores para establecer plenamente la identidad de las víctimas.
La Defensoría del Pueblo destacó que la muerte de menores reclutados ilegalmente expone un deterioro grave de los principios humanitarios que rigen los conflictos armados, especialmente en relación con la protección reforzada que deben recibir niños, niñas y adolescentes. Señaló que el DIH prohíbe de manera expresa involucrar a menores en hostilidades, así como atacarlos incluso si están en campamentos de grupos armados ilegales. Estos estándares buscan limitar el sufrimiento humano en medio de la guerra, recordó el organismo de control.
En su comunicación, la entidad reiteró que los menores reclutados siguen siendo víctimas, aun si los grupos armados los obligan a participar en actividades de combate o de apoyo militar. El organismo enfatizó que su vinculación forzada no los convierte en objetivos legítimos del conflicto, y que cualquier intervención militar debe considerar medidas estrictas para minimizar riesgos y evitar daños colaterales desproporcionados. La Defensoría insistió en que la protección de la niñez es un principio superior reconocido nacional e internacionalmente.
Asimismo, el comunicado hace un llamado a las Fuerzas Militares para que adopten todas las precauciones posibles en futuras operaciones, a fin de garantizar que niños y adolescentes presentes en campamentos armados no sufran consecuencias letales. Señaló que el uso de la fuerza debe ser siempre limitado, estrictamente necesario y proporcional, evitando acciones que puedan derivar en afectaciones graves a personas protegidas por el DIH. Reiteró que un enfoque preventivo es fundamental para preservar la vida en contextos de violencia armada.
La Defensoría planteó interrogantes sobre si en este caso concreto pudieron haberse aplicado modos alternativos de operación militar que hubieran logrado el mismo objetivo estratégico sin derivar en la muerte de los menores reclutados. Aunque reconoció la complejidad del combate contra estructuras ilegales, insistió en que tales acciones deben evaluarse con rigor desde un enfoque de derechos humanos y derecho humanitario. El organismo indicó que la pregunta es necesaria para avanzar hacia estándares más altos de protección.
De igual forma, el pronunciamiento recordó que el reclutamiento forzado de menores constituye una de las infracciones más graves del Derecho Internacional Humanitario y está prohibido tanto por la legislación colombiana como por los convenios internacionales ratificados por el país. Las disidencias responsables de esta práctica reiterada han incurrido en crímenes que producen daños irreparables a familias y comunidades, siendo este un fenómeno que afecta especialmente a regiones vulnerables como el Guaviare.
El caso, según la Defensoría, ilustra el impacto devastador que la guerra sigue teniendo sobre los más vulnerables, pese a los esfuerzos por consolidar una paz integral y un enfoque humanitario. Resaltó que la persistencia del reclutamiento forzado demuestra la vigencia de prácticas crueles que violan los derechos de la infancia y perpetúan el ciclo de violencia en territorios históricamente afectados por la presencia de grupos armados ilegales. Esta situación exige respuestas más contundentes del Estado.
El organismo de control invitó a las autoridades a avanzar en estrategias más efectivas que no solo combatan a los grupos criminales, sino que también impidan que la población infantil siga siendo atrapada por el conflicto. Propuso fortalecer la prevención, la presencia institucional y la atención psicosocial para menores en riesgo, al igual que mejorar los mecanismos de protección temprana para comunidades expuestas a dinámicas de reclutamiento. La entidad insistió en que la niñez debe ser el centro de cualquier acción estatal.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró que no le corresponde certificar la legitimidad de operaciones militares, sino evaluar sus consecuencias humanitarias y promover el respeto absoluto por los derechos humanos en el país. Enfatizó que la finalidad esencial del DIH es limitar el sufrimiento en los conflictos, no autorizarlo, y recordó que su misión institucional es rechazar acciones bélicas que afecten a la población civil. Concluyó que la paz solo puede construirse cuando la humanidad prevalece sobre la guerra.
