La captura de Jorge Oswaldo Castaño Galindo, contratista de la Alcaldía de Andrés Hurtado, revela presuntos vínculos con redes criminales. Mientras tanto, los procesos contra el exalcalde no avanzan y podrían prescribir sin llegar a juicio.
La Fiscalía General de la Nación ha capturado a Jorge Oswaldo Castaño Galindo, contratista durante la administración de Andrés Hurtado en Ibagué, por su presunta participación en delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta detención ha puesto nuevamente sobre la mesa las dudas sobre el avance de los procesos judiciales contra el exalcalde.
Según la investigación, Castaño Galindo manejaba la empresa de vigilancia SARA LTDA, señalada de otorgar armamento y licencias de forma irregular a miembros del Clan del Golfo y a personas involucradas en la fuga de alias Matamba. A pesar de estas revelaciones, la Fiscalía sigue sin concretar acciones judiciales efectivas en los casos que involucran a Hurtado.
La empresa SARA LTDA, una de las contratistas predilectas de la administración Hurtado, no solo suministraba armamento a estructuras criminales, sino que también carnetizaba como escoltas a personas con antecedentes penales. Se estima que recibió más de 1.800 millones de pesos en contratos del sector salud en Ibagué.
Durante los operativos realizados por la Fiscalía, fueron incautados teléfonos celulares, memorias USB y un arsenal de armas, incluyendo revólveres, pistolas, escopetas y armas traumáticas. Además, se impusieron medidas cautelares sobre bienes avaluados en 1.800 millones de pesos.
El superintendente delegado de seguridad, Marco Hincapié, denunció estos hechos en su momento, pero la Fiscalía no tomó medidas oportunas para investigar la transparencia de los contratos. Esto refuerza las sospechas de que el ente acusador ha permitido la dilación de los procesos contra Hurtado.
Actualmente, existen múltiples investigaciones penales en su contra, pero la falta de avances ha generado preocupación sobre la posibilidad de que los casos prescriban antes de llegar a juicio. Esto impediría determinar su responsabilidad o inocencia en los hechos denunciados.
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Las demoras en la Fiscalía y el papel de los jueces que permiten estos retrasos han generado cuestionamientos sobre posibles influencias dentro del sistema judicial. Se teme que Hurtado y sus aliados estén operando para frenar cualquier avance en su contra.
La pregunta sigue en el aire: ¿permitirá Hurtado que los procesos lleguen a juicio para demostrar su inocencia, o seguirá utilizando estrategias para dilatar las investigaciones? La respuesta dependerá de la capacidad de la Fiscalía para actuar con celeridad y transparencia.
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