El abogado Víctor Mosquera, representante legal del senador Miguel Uribe Turbay, interpuso una denuncia contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusa de incurrir en hostigamiento político a través de publicaciones en redes sociales. Según la defensa, más de 40 trinos del mandatario habrían contribuido a generar un ambiente de odio contra el congresista.
El abogado Víctor Mosquera, defensor del senador Miguel Uribe Turbay y de su familia, interpuso este lunes una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La acusación formal se centra en el delito de hostigamiento, basado en una serie de mensajes publicados por el jefe de Estado en su cuenta de X (antes Twitter).
Según Mosquera, se identificaron al menos 43 publicaciones en las que el presidente habría promovido un discurso de estigmatización y odio contra Uribe Turbay, a quien ha vinculado públicamente con prácticas asociadas al paramilitarismo, el “régimen del terror” y el “uribismo criminal”.
Aunque el abogado aclaró que no se está afirmando que Petro esté directamente involucrado en el atentado del pasado 7 de junio, en el que Uribe Turbay recibió tres disparos mientras participaba en un mitin, sí sostuvo que el ambiente hostil pudo haber influido en ese hecho violento.
“Esto ha sido una construcción de odio constante durante tres años. El presidente, desde su investidura, ha mantenido una narrativa contra el senador Uribe que resulta peligrosa en un país tan polarizado como Colombia”, aseguró Mosquera en declaraciones a medios de comunicación.
La denuncia busca que la Comisión de Acusaciones determine si las publicaciones del presidente configuran el delito de hostigamiento contemplado en el Código Penal, cuando una figura pública promueve discriminación o violencia contra otra persona por razones ideológicas o políticas.
Este nuevo capítulo se da en medio de un contexto nacional altamente polarizado, donde las tensiones entre el Ejecutivo y sectores de la oposición se han profundizado. La defensa de Uribe considera urgente proteger los límites de la libertad de expresión, especialmente cuando proviene de un jefe de Estado.
Mientras tanto, el estado de salud del congresista sigue siendo delicado, y desde la Fundación Santa Fe, en Bogotá, no se han emitido nuevos comunicados debido a su pronóstico reservado. El atentado ha generado una ola de solidaridad desde distintos sectores políticos, así como reclamos por mayor seguridad a figuras opositoras.
La Comisión de Acusaciones deberá ahora decidir si admite la denuncia y procede a la apertura formal de una investigación, un proceso que puede escalar a instancias constitucionales en caso de que se determine responsabilidad penal por parte del mandatario.
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