Las Piscinas Olímpicas de la calle 42 en Ibagué, que han sido esperadas por ocho años desde los Juegos Nacionales 2015, continúan siendo objeto de polémica. El director de la Veeduría Agua Para Ibagué ( VAPI), Luis Fernando Díaz, ha revelado que las obras presentan retrasos, desviaciones en los diseños y deficiencias constructivas. Según Díaz, se están utilizando planos diferentes a los que fueron entregados al contratista, lo que evidencia una falta de análisis y estudios adecuados para llevar a cabo la construcción.
En un documento dirigido a la Contraloría del Tolima, el veedor presentó pruebas de los defectos y errores de construcción encontrados en diversas áreas de las Piscinas. Entre ellos se encuentran la falta de limpieza en los aceros, lo que ha provocado la oxidación de los mismos, incluso después de haber aplicado el aditivo correspondiente. Además, se cuestiona la ausencia de una adecuada supervisión de la obra.
El concreto aplicado en el piso de la piscina también ha presentado problemas, ya que no ha absorbido correctamente, lo que ha ocasionado la aparición de grietas y fisuras. Estas deficiencias ponen en evidencia una mala planificación en la selección de los materiales y su aplicación.
Asimismo, se han detectado remates defectuosos en las áreas de la piscina, generando dudas sobre la solución adoptada para nivelar el piso. Incluso en la estructura metálica de la cubierta de las graderías se han encontrado varias irregularidades que afectan la calidad de las obras.
Ante estas denuncias, se espera que la Contraloría del Tolima inicie las investigaciones correspondientes para determinar la veracidad de las acusaciones y las posibles responsabilidades que se deriven de ellas. Los ciudadanos de Ibagué, que han esperado pacientemente la finalización de las Piscinas Olímpicas, exigen respuestas claras y acciones concretas para solucionar estos problemas.
La situación de las Piscinas Olímpicas refleja la falta de planificación y control en proyectos de infraestructura, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar irregularidades. Los retrasos prolongados y las deficiencias en obras de esta envergadura afectan la confianza de la comunidad y generan interrogantes sobre la gestión de las autoridades encargadas del proyecto.
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