El ingeniero Fredy Pérez, integrante del Consorcio Redes IBAL F2, denunció graves irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato CMA-128-2025 por $1.709 millones, destinado a la interventoría del programa “Combo 3×1 – Etapa 2”.
Según Pérez, el IBAL no respondió a las observaciones de los oferentes, vulnerando la transparencia y el derecho al debido proceso. El denunciante pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar la actuación del gerente del IBAL y el comité evaluador.
El ingeniero Fredy Pérez, del Consorcio Redes IBAL F2, denunció públicamente irregularidades en la adjudicación del contrato CMA-128-2025 por $1.709 millones, destinado a la interventoría del programa “Combo 3×1 – Etapa 2”. Pérez aseguró que el proceso contractual violó los términos establecidos, y pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación sobre la actuación del gerente del IBAL, Roberto Santofimio Varón, y el comité evaluador.
El denunciante explicó que el contrato fue adjudicado al Consorcio ECOAK Ibagué, compuesto por las empresas Ecovías S.A.S. de Barranquilla y Akros Consultores y Constructores S.A.S. de Ibagué. Sin embargo, Pérez indicó que este consorcio no estaba legalmente constituido al momento de presentar su oferta. Según él, el documento consorcial subido al SECOP estaba en blanco y solo fue completado después del cierre del registro, lo que califica como una grave irregularidad que debió haber causado la exclusión del oferente.
Pérez comparó esta situación con un fraude, asegurando que el consorcio completó su documento después de la fecha de cierre, lo que considera una violación directa a la ley. “Eso es como comprar un boleto de lotería después de que ya jugó el sorteo”, señaló, poniendo en evidencia lo que considera una grave inconsistencia en el proceso.
En su denuncia, el ingeniero también cuestionó la evaluación técnica realizada por el comité evaluador, señalando que fue “selectiva y arbitraria”. Explicó que su propuesta fue rechazada a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos, mientras que las certificaciones de otros oferentes fueron validadas parcialmente, alterando así el orden de elegibilidad.
El proceso, que había sido cuestionado previamente por los medios de comunicación hace varios meses anteriores, fue el centro de un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación. Se instó a la entidad para que investigara si la omisión en la respuesta a las observaciones de los oferentes, la publicación anticipada del acto de adjudicación y la permanencia de oferentes con inconsistencias jurídicas constituían una falta disciplinaria o un acto de favorecimiento indebido.
Pérez también detalló que el informe de evaluación final fue publicado el 4 de noviembre a las 6:00 p.m., con un plazo para observaciones hasta el 5 de noviembre a las 6:00 p.m. Sin embargo, el IBAL publicó el acta de adjudicación a las 2:00 p.m. del mismo día, es decir, cuatro horas antes de que venciera el plazo legal para presentar reparos. Esto, según el denunciante, vulneró el cronograma oficial publicado en el SECOP II.
El gerente del IBAL, Roberto Santofimio, no asistió al debate convocado por Ecos del Combeima para responder a las denuncias. Su ausencia, en medio de los cuestionamientos sobre el proceso, ha aumentado las dudas sobre la transparencia y la legalidad de la adjudicación del contrato.
La denuncia hecha por Pérez deja en el aire una pregunta crucial: ¿Por qué el IBAL adjudicó el contrato millonario antes de cumplir con los plazos legales y sin haber respondido adecuadamente las observaciones de los oferentes? Ahora, será la Procuraduría quien deberá investigar y aclarar si se violaron los principios de transparencia y el derecho al debido proceso en este controversial proceso contractual.
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