El concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Partido Centro Democrático, denunció la contratación de la influencer Laura Julieth Martínez Rosales por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el cabildante, la funcionaria firmó un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en 2023 por un valor total de $101.400.000, con pagos mensuales de $8.450.000.
Briceño cuestionó que, al momento de la firma del contrato, Martínez Rosales no contaba con título profesional, ya que este le fue otorgado el 26 de septiembre de 2024, seis días después de haber ingresado a la entidad. Aseguró que este tipo de contrataciones generan dudas sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos, en especial en un contexto de crisis económica.
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El contrato establece que la funcionaria debía realizar actividades administrativas como recepción, clasificación y radicación de documentos, además de apoyar la gestión de contratos y convenios dentro de la UNGRD. No obstante, el concejal señaló que los honorarios asignados a la contratista superaban ampliamente los de otros perfiles similares en el sector público.
Briceño también criticó que Martínez Rosales, a través de sus redes sociales, se ha dedicado a defender al Gobierno de Gustavo Petro y atacar a la oposición. “Los impuestos de los colombianos no son para pagar influenciadores que se dedican a defender al Gobierno”, expresó el concejal.
La contratación se realizó bajo la modalidad de prestación de servicios de apoyo a la gestión, una figura que no exige título universitario, a diferencia de los contratos de prestación de servicios profesionales. Sin embargo, Briceño anunció que su equipo revisará las tablas de honorarios de la UNGRD para determinar si el salario asignado a Martínez Rosales se ajusta a los parámetros establecidos.
RCN Radio intentó obtener declaraciones del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, sobre el caso, pero el funcionario indicó que no emitirá pronunciamientos al respecto. La denuncia se suma a otros cuestionamientos sobre la gestión de la entidad, que en los últimos meses ha sido señalada por presuntas irregularidades en contratación y manejo de fondos públicos.
Briceño insistió en la necesidad de mayor control sobre la contratación estatal para evitar el uso inadecuado de los recursos públicos y garantizar la idoneidad de los funcionarios. En su opinión, este caso refleja una problemática recurrente en varias entidades del Estado.