La reciente decisión de la Alcaldía de Ibagué de liquidar el contrato de $40.000 millones destinado a la construcción del puente elevado en la calle 60 ha abierto una serie de revelaciones que comprometen la gestión del proyecto. En una entrevista con Ecos del Combeima, Juan Carlos Salazar, interventor de la obra, y María Margarita Rueda, exdirectora de Contratación de Ibagué, discutieron aspectos controversiales del caso.
Juan Carlos Salazar defendió el pago de casi 1.900 millones de pesos a la interventoría, justificándolo como una medida para evitar perjuicios financieros debido a la falta de compensación adecuada por los servicios prestados. “Nos sentamos con la entidad y decidimos pactar una condición que fuera favorable para nosotros y no nos perjudicara”, explicó Salazar.
María Margarita Rueda, por su parte, explicó la decisión de declarar el incumplimiento total del contrato, una medida que ha suscitado debate sobre su justificación legal. Según Rueda, las evidencias de incumplimiento eran suficientes para proceder con esta decisión.
La narrativa del exalcalde Andrés Hurtado, quien culpó a la falta de autorizaciones de Cortolima y el Icanh por los retrasos, fue cuestionada por Rueda, quien sugirió que el avance del proyecto era posible sin dichas autorizaciones, señalando deficiencias en la ejecución por parte del contratista.
Salazar destacó que los problemas con la obra se debieron a retrasos en la obtención de permisos ambientales, pero también criticó al contratista Roberto Gutiérrez por su falta de representación legal en momentos cruciales. “El contratista Roberto abusó de su soberbia al no contar con un abogado durante audiencias importantes”, afirmó Salazar. Además, Rueda enfatizó la importancia de tener permisos y licencias en orden antes de comenzar la construcción, sugiriendo una falta de planificación adecuada en el proyecto. Salazar añadió que la obtención de permisos suele ser un proceso paralelo a la adjudicación del contrato.
Finalmente, en respuesta a las declaraciones de Roberto Gutiérrez, quien cuestionó la viabilidad del proyecto desde sus inicios, Salazar aseguró que un consultor independiente confirmó la constructibilidad del puente, según lo estipulado en la licitación pública.
