La atención médica de aproximadamente 70.000 usuarios en Ibagué está en riesgo debido a una deuda superior a $54.800 millones que la Nueva EPS mantiene con Medicadiz y la Clínica Tolima. Esta situación ha generado una alerta en las autoridades locales, quienes buscan evitar la suspensión de servicios en estas dos importantes instituciones prestadoras de salud (IPS).
Según Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal, Medicadiz enfrenta una deuda de $47.000 millones, mientras que la Clínica Tolima registra un déficit de $7.800 millones por parte de la EPS. “La alarma que tenemos es que se cierre la prestación de servicios en estas dos instituciones, lo que generaría una crisis de salud para miles de usuarios”, afirmó la funcionaria.
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En respuesta a esta problemática, la Alcaldía de Ibagué y la Personería Municipal han iniciado acciones para garantizar el acceso a los servicios de salud. Durante una mesa de diálogo realizada con representantes de las entidades afectadas, se estableció un plazo de ocho días para que la Nueva EPS cumpla con sus obligaciones económicas y evite la interrupción de la atención médica.
Ospina también anunció que las autoridades locales acudirán a instancias nacionales para buscar soluciones. “Se van a tocar puertas a nivel nacional, dialogar con el agente interventor de esta EPS y presentar la situación ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud). Nos preocupa la no continuidad de estos servicios”, afirmó.
La crisis financiera de las IPS podría derivar en la suspensión de consultas, tratamientos y servicios de urgencia, dejando a miles de usuarios desprotegidos. Tanto Medicadiz como la Clínica Tolima han señalado que sus operaciones están en riesgo debido a la falta de recursos para cubrir los costos de funcionamiento.
Por su parte, los usuarios afectados han manifestado su preocupación. Muchos de ellos temen no poder acceder a los servicios médicos esenciales, especialmente en casos de tratamientos críticos. Esta situación ha generado un llamado urgente a la Nueva EPS para que resuelva las deudas pendientes.
La Personería Municipal enfatizó que el acceso a la salud es un derecho fundamental y que las entidades responsables deben actuar con celeridad. “No permitiremos que esta situación se convierta en una crisis humanitaria. La Nueva EPS tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad de los servicios”, señaló un portavoz de la entidad.
Mientras tanto, las autoridades locales mantienen el monitoreo constante de la situación y advierten que, de no obtenerse una solución satisfactoria, tomarán medidas legales para proteger los derechos de los usuarios. La atención ahora se centra en los próximos días, cuando se espera que la Nueva EPS responda al ultimátum.
