Inés Yohanna Pinzón Marín, docente con 16 años de trayectoria, denunció ante la Unidad de Género de la UT al rector Omar Mejía y su equipo directivo por presunta violencia laboral basada en género. Tras casi tres meses sin avances internos, el caso fue remitido a la Procuraduría Regional.
Una denuncia por violencia laboral basada en el género contra el rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía, ha sacudido el ambiente académico y generado un fuerte llamado de atención sobre los protocolos de protección a víctimas en entornos universitarios. La denuncia fue presentada por la docente Inés Yohanna Pinzón Marín, abogada y académica con más de 16 años de servicio en la institución.
Pinzón, quien además fue directora del Consultorio Jurídico de la UT y expareja del rector Mejía, sostiene que desde la presentación de su denuncia el 19 de febrero ante la Unidad de Género, ha sido víctima de hostigamientos y violencia simbólica a través de redes sociales. Según afirma, uno de los denunciados la advirtió previamente sobre estas acciones.
La docente relató que empezaron a circular contenidos misóginos y mensajes de desprestigio en su contra, algunos atribuidos falsamente a medios locales reconocidos, los cuales posteriormente desmintieron su autoría y denunciaron el hecho ante la Fiscalía. Ella misma también formalizó la denuncia ante la autoridad competente.
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Durante los tres meses siguientes a la denuncia, Pinzón señala que no se adelantaron acciones efectivas dentro de la universidad: únicamente se le ofrecieron dos citas psicológicas de apoyo. Fue solo hasta el 28 de abril que la Unidad de Género anunció la remisión del caso a la Procuraduría Regional del Tolima, argumentando un conflicto de interés por tratarse del rector, quien además creó dicha Unidad.
Para Pinzón, esta decisión refleja una omisión institucional injustificada. “El traslado del caso no exime la responsabilidad de la universidad de tomar medidas preliminares y de protección. Había mecanismos internos disponibles que no se usaron para garantizar mi seguridad”, enfatizó.
También rechazó el argumento de falta de independencia de la Unidad de Género por haber sido creada por resolución del propio rector. “Si se invalida una instancia por su origen normativo, se socava la institucionalidad misma. Esa lógica dejaría sin garantías a cualquier denunciante”, agregó.
Pinzón afirmó que su decisión de hacer pública la denuncia no solo responde a su caso personal, sino a la necesidad de visibilizar una problemática que afecta a muchas mujeres en entornos laborales, especialmente en contextos donde el poder jerárquico silencia y perpetúa violencias. “Denunciar no es fácil cuando hay dependencia económica, miedo o estigmatización social”, señaló.
La académica agradeció el respaldo de la Asociación de Profesores Universitarios del Tolima (ASPU), colegas, estudiantes, medios de comunicación y el Consejo Superior. No obstante, subrayó que aún mantiene reserva sobre las pruebas, en respeto al proceso y a su entorno familiar.
Finalmente, reiteró su aspiración de que la Universidad del Tolima se convierta en un espacio verdaderamente seguro para todas las personas, donde la equidad y la justicia primen por encima de jerarquías o cargos. “No se puede seguir privilegiando el poder por encima de los principios que dicen defender a las mujeres de la violencia”.
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