Esa gestión fue lograda con la ayuda de algunos congresistas y ha puerta cerrada, asimismo las reuniones se dieron el Ministerio de Hacienda y le sirvieron a empresas como Postobón y Coca Cola, dejar sus productos por fuera del impuesto a bebidas azucaradas o gaseosas.
El proyecto que presentó el gobierno Petro proponía ponerle un impuesto a ese tipo de bebidas que tengan 4 gramos de azúcar por cada 100ml.
Programado hubo dos reuniones previas junto con el Ministerio de Hacienda una semana de antes de que se dieron los primeros debates de la Reforma tributaria donde incluyan el impuesto a las bebidas azucaradas, entre los que estuvieron el senador Efraín Cepeda y Álvaro Monedero.
Hay que señalar que podrían haber conflicto de intereses por parte de congresistas y representantes a la Cámara, como por ejemplo: Armando Zabaraín Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, y quién al parecer recibió $90 millones de financiamiento por parte de Postobón, empresa de bebidas azucaradas.
Este representante ala cámara por el Atlántico habría presentado 6 preposiciones para ajustar el impuesto a las bebidas azucaradas y hasta el momento van 900 proposiciones de congresistas que pretende modificar ese proyecto de ley de los cuales 69 se ajustan al impuesto a las bebidas azucaradas.
Hay que tener en cuenta que “al principio se aliaron, pero Postobón hizo gestión por su lado y quedó el gramaje en Face y no en 8, que podría perjudicar sobre todo a coca-cola porque tiene menos margen de maniobra para cambiar la fórmula”, Expreso una fuente anónima.
Azules pequeños productores Qué representa el 16.4% del mercado se encuentran en la puja porque como está planteado hasta momento el impuesto perjudicaría más a los pequeños productores que a los gigantes de las bebidas azucaradas, pues Postobón y Coca-cola podrían asumir los costos del impuesto para no cobrarle a la gente, y por el contrario los pequeños productores no podrían hacer ese ajuste.
Finalmente, por estas jugaditas entre congresista lobistas de las bebidas azucaradas, se calcula que por ese cambio del impuesto podría el estado dejar de percibir unos 300 mil millones al año.