La oposición política instrumentaliza el ataque a Miguel Uribe para detener la agenda reformista del gobierno y condicionar el diálogo institucional. Usar la violencia como pretexto para obstruir el debate democrático es un acto de oportunismo que debilita las bases republicanas.
En la historia reciente del país abundan los hechos violentos que han golpeado a figuras políticas sin que ello implique la paralización de la democracia. Cuando las FARC atentaron contra Germán Vargas Lleras con un libro bomba que lo dejó gravemente herido, el Congreso continuó sesionando, el Ejecutivo no se detuvo y Colombia siguió adelante, pese al dolor compartido.
Hoy, sin embargo, algunos sectores de la oposición utilizan el atentado contra el senador Miguel Uribe para forzar la suspensión de las sesiones legislativas y chantajear al Gobierno con condiciones que nada tienen que ver con el hecho en sí. Exigen, incluso, que se archive la consulta popular propuesta por el presidente Petro a cambio de reanudar el diálogo político. Es un juego peligroso.
La decisión de nueve partidos de oposición de suspender sus actividades legislativas durante tres días no puede ser interpretada como una acción legítima de protesta, sino como una jugada calculada para torpedear el avance de una agenda de reformas sociales. Esta parálisis no honra a las víctimas, ni fortalece la institucionalidad.
En 2016, cuando el plebiscito por la paz se saldó con el triunfo del NO, el entonces presidente Juan Manuel Santos no fue obligado a abandonar la implementación del Acuerdo de Paz. El país vivió una profunda polarización, sí, pero el Congreso siguió funcionando, y las instituciones no se detuvieron. Lo que se demanda ahora al gobierno Petro rompe con ese precedente democrático.
Lo que está en discusión no es si debe haber paz política entre partidos, sino si un hecho criminal puede convertirse en una herramienta para silenciar la voluntad popular. ¿Qué tiene que ver la consulta por derechos laborales o de salud con la violencia política? Nada. ¿Por qué entonces imponer su archivo como condición para el diálogo? Porque el temor real es que el pueblo decida.
La oposición actúa con habilidad, pero también con descaro. Hace política del miedo, no desde las ideas, sino desde la amenaza. Condiciona la democracia a sus intereses, y oculta su desprecio por el pueblo tras discursos de defensa institucional. No quieren que la gente vote, quieren que obedezca.
La consulta popular no es un capricho del gobierno, es un mecanismo legítimo previsto en la Constitución para resolver desacuerdos de fondo. Archivarla para calmar a quienes han saboteado el Congreso es darle la razón al chantaje, y despojar a los ciudadanos de una herramienta de participación directa.
Más grave aún: se crea el precedente de que la violencia y la polarización se resuelven cediendo ante los grupos que más gritan, no con más democracia. La oposición está llamada a participar, deliberar y confrontar ideas, no a imponer condiciones al país desde su agenda partidista.
Colombia necesita respeto por el disenso, no imposición autoritaria disfrazada de patriotismo. Atentar contra la democracia no es solo empuñar un arma: también lo es cerrarle el paso al pueblo cuando exige ser escuchado. La historia juzgará con dureza a quienes, por cálculo político, eligieron el sabotaje en lugar del debate.
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