El caso encendió las alarmas en la Asociación de Medios de Comunicación quienes en un comunicado público donde señaló no entender qué relación tiene el polémico artículo con el objeto del proyecto de Ley ?369 de 2021 de Cámara y 341 de 2020 de Senado del partido Cambio Radical “por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, el caso como un atentado directo contra el ejercicio de revisión y control que realizan los medios de comunicación como veedores de lo público.
El proyecto de Ley presentado en su artículo 221a nombrado “Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, en el que se establecen penas en “prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multas de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
Asomedios también resaltó que la tipificación de los delitos de injuria y calumnia y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o ex funcionarios públicos o sus familiares, por lo que no se entiende tampoco la creación de un régimen especial o privilegiado en caso que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas.
Por su parte la Sociedad Interamericana de Prensa en cabeza de su presidente Jorge Canahuati rechazó el proyecto de ley asegurando que esto se trata de “una herramienta para callar a medios y periodistas” que “servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, aseguró que el proyecto de ley se trata de “un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas”.
“Esperamos que el Congreso colombiano, institución que ha sabido defender la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos, actué en consecuencia y elimine estas protecciones especiales”, concluyen en su pronunciamiento oficial.
El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión Primera el pasado 24 de noviembre y pasó a segundo debate, siendo el representante César Augusto Lorduy del partido Cambio Radical el encargado de radicar la ponencia.
Por su parte el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla, radicó una proposición para eliminar el artículo 68 del proyecto de ley de transparencia impulsado por el gobierno.
“Este artículo, que no tiene nada que ver en la lucha contra la corrupción, lo que pretende es amedrentar, amilanar o hacer una especie de amenaza para que periodistas como Paola Herrera o Diana Salinas, que han venido denunciando diferentes casos de corrupción al interior del Gobierno y su relación con las casas políticas tradicionales, no salgan a la luz pública”, dijo el congresista.
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