Por: JOSE BARUTH TAFUR G – AbogadoEspecialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña –Maestrante Comunicación Político
¿Así engañan a los tolimenses, hablar de transparencia y utilizar a Coljuegos para una presunta nomina paralela para hacer campaña? Al revisar y verificar la información contractual descargada desde la misma página de Coljuegos entidad —direccionada, manejada y gerenciada por Marco Emilio Hincapié (padre)— estaría siendo presuntamente, repito presuntamente y casualmente utilizada como plataforma de contratación de personas que coinciden con el entorno político de la aspiración a la Cámara por el Tolima de Marco Emilio Hincapié (hijo).La entidad Coljuegos está en cabeza de Marco Emilio Hincapié.
Al mismo tiempo, su hijo ha manifestado aspiraciones a la Cámara de Representantes por el Tolima con un discurso de trasparencia, pero al parecer no es así, cuanto cinismo y doble moral, el argumento que podría plantear para defenderse es; la democracia permite que cualquier ciudadano aspire, pero el problema surge cuando los nombres que aparecen defendiendo públicamente esa aspiración la aspiración del “Pacto verde Histórico” coinciden como contratistas de la entidad que dirige su padre.
De acuerdo con la base contractual que descargué directamente de la página oficial de Coljuegos (corte al 30 de septiembre de 2025), disponible en el portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se registran 397 contratos. Sin haber revisado la totalidad de ellos —pues podrían encontrarse más casos relevantes—, llama la atención que inicialmente aparecen los siguientes nombres:
- JUAN PABLO SÁNCHEZ BAQUERO – $39.200.000
- JULIÁN ALFONSO RODRÍGUEZ CIFUENTES – $39.900.000
- JUAN SEBASTIÁN AMÉZQUITA CALDERÓN – $40.800.000 y posteriormente $32.000.000
- PEDRO LUIS ZAMBRANO CÁRDENAS – $40.533.333
- ÁNGEL MARÍA GAITÁN PULIDO – $41.200.000
- HÉCTOR JULIO GALINDO VARGAS – $32.200.000
- LADY JULIANA PÉREZ – $9.990.933
- JOSÉ FELIPE FALLA CARDONA – $26.978.666
- JUAN DAVID URIBE ROJAS – $27.514.666
¡Pero esperen! Hay un nombre conocido: ¿Juan Pablo Sánchez Baquero no es el propietario de Ecos del Combeima, medio desde el cual —según registros públicos y apariciones— se han difundido contenidos favorables al proyecto político del aspirante? Surge otra inquietud: ¿Julián Alfonso Rodríguez Cifuentes no ha sido identificado públicamente como vocero o defensor de la campaña del Pacto Histórico? Y que no pase desapercibido el doctor Ángel María Gaitán Pulido, exrepresentante a la Cámara: ¿dónde quedó la lealtad al Partido Liberal? ¿Hasta dónde presuntamente pueden llegar las decisiones políticas cuando median intereses económicos? La pregunta que surge no es jurídica de entrada, sino ética y política: ¿Puede una entidad nacional contratar —con recursos públicos— a personas que simultáneamente aparecen promoviendo la aspiración electoral del hijo del director? ¿Es coincidencia? ¿Es una práctica normal? ¿O estamos ante un posible conflicto de intereses que amerita escrutinio disciplinario y electoral? La doble moral del Pacto Verde, la misma que tiene a los niños muriendo, si el mismo gobierno que ha manifestado que la muerte de los niños es culpa de los padres por permitir que jueguen con la bicicleta, un Pacto Historico Verde que cae en la mentira, esta columna es una exigencia mínima de transparencia. Cuando la dirección de una entidad del orden nacional coincide con una aspiración política familiar directo, el estándar debe ser más alto, no más bajo.
Porque si Coljuegos administra recursos públicos que financian salud y políticas sociales, cualquier duda sobre su utilización con fines políticos no es un detalle menor: es una herida directa a la confianza ciudadana. Y cuando la confianza se rompe, no pierde un candidato. Pierde la institucionalidad.
