La alianza entre Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo para formar una coalición de centro-derecha de cara a 2026 no es un acto de redención, sino una alarmante repetición de los errores históricos. Los arquitectos del modelo neoliberal y de la privatización de la seguridad, que cimentaron la desigualdad y la violencia en Colombia, pretenden ahora presentarse como salvadores. El país debe cuestionar la hipocresía de quienes, tras dejar un legado de miseria e impunidad, buscan recuperar el poder no para el futuro, sino para su propio beneficio y el de las élites.
La reciente reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, y César Gaviria Trujillo, jefe del Partido Liberal, se ha consumado bajo la retórica de «recuperar el país de la izquierda». Este encuentro, que sella la conformación de la “Coalición por el futuro de Colombia”, es un ejercicio de amnesia política y una afrenta directa a la memoria colectiva del país.
La defensa de la «democracia colombiana» que esgrime Uribe, al confirmar conversaciones con figuras como Vargas Lleras, Fajardo, Galán y Peñalosa, suena hueca e interesada. Los dos expresidentes son, paradójicamente, protagonistas centrales en la construcción de una estructura de poder que ha debilitado sistemáticamente los pilares de esa misma democracia, favoreciendo la concentración de la riqueza y el uso de la violencia.
Es fundamental recordar que esta dupla no representa un «futuro» prometedor, sino un pasado que ya fue juzgado en las urnas y en la calle. El país que estos líderes pretenden «reconstruir» es, en esencia, el pozo sin fondo de violencia, desarraigo, narcotráfico, corrupción, desigualdad y silencio que ha marcado a Colombia durante décadas, y del cual ellos se han beneficiado.
César Gaviria, en particular, tiene una responsabilidad histórica ineludible. El 10 de febrero de 1994, durante su presidencia, se firmó el nefasto Decreto 356. Este acto no fue un simple error administrativo, sino la creación del régimen de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada.
Este decreto sentó las bases para el surgimiento de las tristemente célebres Convivir, organizaciones que, en muchas regiones, se transformaron rápidamente en estructuras paramilitares. Así, bajo el manto de la legalidad, se les entregó poder armado a «empresas de seguridad» que operaron a su antojo, sembrando el terror y el despojo en el campo colombiano.
Álvaro Uribe, a su vez, consolidó y expandió este modelo durante sus ocho años en el poder, dejando un legado manchado por los falsos positivos y por una política de seguridad que priorizó la mano dura sobre la justicia social. El uribismo institucionalizó el miedo como herramienta de control y la impunidad como mecanismo de protección para los poderosos.
La coalición, bajo el pretexto de defender al país, busca en realidad asegurar el retorno de las élites tradicionales al control total del Estado. Su verdadero objetivo no es resolver los problemas estructurales de Colombia, sino garantizar que el statu quo que los enriqueció y los blindó se mantenga intacto.
El país necesita, de manera urgente, que tanto Uribe como Gaviria confiesen ante los colombianos y la justicia. Deben explicar por qué el país que ellos «construyeron» es hoy un modelo de desigualdad extrema, donde la brecha entre ricos y pobres es una de las más grandes del continente, un producto directo de sus políticas económicas.
La hipocresía de presentarse como la única alternativa viable es insoportable. Colombia merece un debate político que se centre en ideas nuevas, en liderazgos que no estén contaminados por la historia de la guerra y la corrupción, y en soluciones audaces para los desafíos del siglo XXI, no en el reciclaje de figuras que ya demostraron su fracaso.
La ciudadanía debe permanecer vigilante y crítica. No se puede permitir que el miedo al cambio sea capitalizado por aquellos que ya destruyeron el país una vez. El regreso de esta vieja guardia solo augura más polarización, más injusticia social y la postergación indefinida de la tan anhelada paz total y verdadera para Colombia.










