Por: Edwin Soto Castro; Comunicador Social Periodista y Especialista en Comunicación Digital
La recién sellada “Coalición por el futuro de Colombia” entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo es un intento descarado de los arquitectos del pasado colombiano por asegurar su relevancia política y económica. Esta alianza, disfrazada de defensa democrática contra la izquierda, ignora y minimiza el daño profundo que sus gobiernos causaron: Uribe con el escándalo de los falsos positivos y la consolidación de un modelo de seguridad basado en la fuerza, y Gaviria con la apertura económica traumática y la legalización de las Convivir. El país no puede permitir que quienes cimentaron la desigualdad y la violencia pretendan ahora ser los portadores de la solución.
El anuncio de la alianza Uribe-Gaviria, para armar una coalición de centro-derecha de cara a 2026, no es un llamado a la unidad nacional, sino una maniobra política desesperada. Ambos líderes, con un pasado presidencial marcado por la controversia, la violencia sistémica y la corrupción estructural, intentan presentarse como la única barrera frente al actual gobierno. Esta coalición no es por el futuro; es por el control del pasado.
La expresidencia de César Gaviria Trujillo (1990-1994), aunque recordada por la promulgación de la Constitución de 1991, fue la encargada de introducir el neoliberalismo de choque en Colombia. Bajo el lema de la “apertura económica”, el gobierno desmanteló la protección a la industria nacional y a los agricultores, dejando a vastos sectores de la población a merced de la competencia global y agravando la desigualdad social.
Críticamente, el Gobierno de Gaviria mostró una ambigüedad desastrosa frente al conflicto armado y el narcotráfico. Se pasó de la confrontación radical que había abanderado su antecesor, Virgilio Barco, a una estrategia de negociación, en la que se enmarcó la entrega y posterior fuga de Pablo Escobar, generando un sentimiento de desesperanza e ineficacia estatal ante el crimen.
Pero el legado más sombrío de Gaviria es la creación del andamiaje legal para la privatización de la seguridad. El Decreto 356 de 1994, que reguló los servicios de vigilancia privada, fue el caldo de cultivo para que las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir) proliferaran en Antioquia, de la mano de gobernadores como Álvaro Uribe, actuando como fachada legal para el paramilitarismo.
El mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), sustentado en la Seguridad Democrática, prometió restaurar el orden, pero lo hizo a un costo humano incalculable. La reducción de las cifras de homicidio y secuestro que su gobierno suele destacar, viene acompañada de la mancha indeleble de los “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales), el mayor escándalo de derechos humanos en la historia reciente del país.
Bajo su mando, miles de jóvenes inocentes fueron asesinados por miembros del Ejército y presentados falsamente como guerrilleros caídos en combate para inflar los resultados operacionales y obtener beneficios. Este horror sistemático no es un defecto de gestión; es una prueba de la fragilidad ética y la priorización de la guerra sobre la vida que caracterizó su era.
Además, la administración Uribe se vio empañada por numerosos escándalos de parapolítica y de corrupción que minaron las instituciones. La relación de figuras cercanas a su gobierno y su partido con grupos armados ilegales y estructuras criminales demostró cómo la defensa de la “democracia” se hacía a costa de la legalidad y la transparencia.
La reunión de estos dos expresidentes, por tanto, no puede ser vista como una simple estrategia electoral. Es la unión de dos modelos que, aunque ideológicamente distintos en su momento (liberalismo aperturista y conservadurismo de seguridad), convergieron en la institucionalización de la desigualdad y en el uso de herramientas legales para la violencia por delegación.
Cuando Uribe y Gaviria hablan de “recuperar el país”, lo que realmente buscan es desmantelar cualquier avance hacia la justicia social o la paz integral que amenace los privilegios de las élites que ellos representan. Su coalición es la defensa del statu quo que les permitió dominar la política y la economía durante casi tres décadas.
Colombia, con la experiencia y la memoria histórica de estos periodos, debe rechazar con contundencia este intento de reciclar fracasos y atrocidades. El país merece líderes que rindan cuentas por el pasado y que propongan un camino que no esté pavimentado con la impunidad, la violencia y la profundización de la brecha social. El futuro no está en la repetición de las viejas fórmulas; está en la ruptura con ellas.
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