El 28 de septiembre del año 2021 la empresa pública fue notificada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domicilairios de una sanción que venía de una investigación que inició el 11 de mayo del 2020, por quejas que presentaron los usuarios por el alto cobro en los servicios o por el cobro de la facturación promedio.
De acuerdo con la información suministrada por Diana Buenaventura, gerente de la Empresa EmpoChaparral, la sanción está sobre los 60 millones de pesos, lo que obligaría a reducir su personal administrativo.
Para los meses de marzo y abril del 2020 se dio inicio al tema de la pandemia cosa que según la funcionaria todas las empresas públicas tuvieron qué activar un plan de contingencia para proteger a los funcionarios que salían hacerlas mediciones, Por ende la empresa no estuvo preparada para hacer que sus funcionarios salieran en ese momento de emergencia salud pública.
Sin embargo la funcionaria alega que “las tarifas está aprobados desde el 5 diciembre 2018 por la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico. Eso significa que digamos las tarifas están sustentadas en unos estudios de costos y están aprobadas por la empresa, donde no se puede salir ni se sale de esas tarifas. Las tarifas no han tenido ninguna sanción, ni están mal calculadas. No se cobra en exceso. La empresa cobra como está tarifado y según el consumo”.
A su vez señala la funcionaria que la empresa tomó la decisión de poder hacer la facturación por promedio debido a esta contingencia que fue respaldodo por la norma de ley cuando se presenten causas de fuerza mayor, es decir, una pandemia en el territorio nacional.
Buenaventura agregó “¿Qué sancionaron” que no mostraba la factura el último mes. Por ejemplo, hoy estamos a marzo, entonces yo tendría que mostrar hasta septiembre del año pasado. Pero por el contrario las facturas mostraron desde octubre más o menos es eso y por eso está la sanción en $60 millones de pesos.
Por otro lado, Jonathan Perdomo, Concejal del Municipio de Chaparral expresó que la sanción es fruto de un esfuerzo por parte de la ciudadanía para hacer justicia por los abusos no solo de la empresa pública de Chaparral, también de otras como Celsia y Alcanos, quienes siguieron cobrando como no pasara nada, pues al no acatar la ley establecida en ese momento por parte del Gobierno Nacional, estas entidades continuaron los procesos y cobros.
“Y al no justificar lo que exigía la ley en ese momento por medio del Ministerio de Salud en el cual también le decía a las empresas de servicios públicos tomar acciones y no cobrar el aumento que en esos momentos presentaba casi el doble de lo que se factura a las personas, por eso nosotros por medio derecho de petición con queja a la superintendencia donde recaudó toda esa información y pues hoy surge un efecto”, agregó Perdomo.
Además responsabiliza a la administración municipal en cabeza del alcalde y la junta directiva de la empresa pública de esta municipalidad, donde se “tomó la decisión de seguir cobrando y eso fue lo que perjudicó al no acatar la ley establecida por medio del Gobierno Nacional”.
Finalmente la funcionaria Diana Buenaventura, gerente de la Empresa EmpoChaparral, que mediante recurso de reposición buscan establecer con argumentos sólidos para refutar esta sanción, de lo contrario la empresa no cuenta con los recursos suficientes pues se sostiene de la facturación y por ende tendría que hacer un recorte de personal.
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